Reubicación de 180 agentes de la Guardia Civil en Roquetas de Mar por la llegada de la Policía Nacional
La decisión de implantar la Policía Nacional en Roquetas de Mar (Almería) ha desencadenado una profunda reorganización de la Guardia Civil en la zona, que afecta a más de 180 agentes. Estos efectivos, que actualmente prestan servicio en el Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce, el Equipo Territorial de Policía Judicial y los destinados a la seguridad del centro penitenciario de El Acebuche y la Subdelegación del Gobierno, serán redistribuidos por distintas unidades de la provincia una vez que la Policía Nacional asuma las competencias de seguridad ciudadana, previsiblemente a finales de año.
El anuncio, realizado por el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, y el coronel de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, ha reavivado la polémica y las protestas. Asociaciones profesionales como la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC), la Asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) y la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc) han convocado una concentración para el próximo 13 de julio a las puertas del cuartel, en la calle Duque de Ahumada, con el objetivo de defender la continuidad del cuerpo en el municipio y exigir transparencia sobre el proceso.
Reubicación de los agentes y nuevo cuartel en Vícar
Según ha detallado la Guardia Civil, la mayor parte de los agentes afectados será destinada al futuro acuartelamiento de Vícar, una infraestructura proyectada para 2029 con una inversión de diez millones de euros y capacidad para unos 150 efectivos. Allí se ubicará también el Equipo Territorial de Policía Judicial. Mientras tanto, el resto de los guardias civiles serán redistribuidos por otras unidades de la provincia, con derecho preferente para optar a vacantes por antigüedad o concurso de méritos. La reorganización también modificará la demarcación territorial: municipios como Enix y Félix, que hasta ahora dependían del Puesto Principal de Roquetas-Aguadulce, pasarán a depender del futuro Puesto Principal de Vícar.
El general Ortega ha asegurado que la prioridad es minimizar el impacto sobre los agentes y sus familias, y que se habilitarán medidas para reducir el impacto residencial de los traslados, como el estudio de alternativas habitacionales y la comunicación periódica sobre la evolución del proceso. Sin embargo, las asociaciones consideran que estas explicaciones son insuficientes y critican la falta de plazos concretos sobre el cierre del cuartel y el destino exacto de cada agente, quienes conocen bien los requisitos para ser guardia civil y la complejidad de sus traslados.
Críticas de las asociaciones y del alcalde
Desde Jucil, su subsecretario nacional de Relaciones Institucionales, Rafael Maldonado, ha advertido de que la sustitución de un cuerpo por otro reducirá el número de patrullas de Seguridad Ciudadana en la comarca, ya que, por el volumen de policías previsto, no se podrán sacar los mismos servicios mensuales que con la Guardia Civil. La asociación propone como solución real mantener ambos cuerpos en la demarcación, repartiendo competencias por zonas, como ya ocurre en 25 municipios andaluces. Por su parte, la AUGC ha calificado la medida de «desmantelamiento» de una de las unidades con mayor carga de trabajo de España, con más de 12.000 diligencias y más de 1.000 detenidos al año, y ha denunciado que se trata de una decisión política, no técnica.
El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), también se ha mostrado crítico y ha pedido al Gobierno que reconsidere su postura para que ambos cuerpos puedan trabajar conjuntamente en un municipio que ya supera los 110.000 habitantes. «Quien tiene la responsabilidad es el Gobierno central y nos está fastidiando», ha repetido el primer edil, quien insiste en que la presencia de la Policía Nacional no debe significar la desaparición de la Guardia Civil. Aprogc, por su parte, ha reprochado al Ayuntamiento haber apostado por la Policía Nacional frente a la continuidad del Instituto Armado, mientras que AUGC solicitará explicaciones al Consejo de la Guardia Civil y una reunión con el subdelegado del Gobierno para reclamar soluciones que eviten el «destierro» de los agentes afectados.
La concentración del 13 de julio sigue en pie y las asociaciones han hecho un llamamiento a toda la ciudadanía de Roquetas de Mar y del Poniente almeriense para que acudan a defender la continuidad de quienes llevan décadas velando por la seguridad en la localidad. La polémica está servida y el futuro de la Guardia Civil en Roquetas de Mar sigue en el aire, mientras el Ministerio del Interior no se pronuncia sobre la posibilidad de un modelo de competencias compartidas.
