demanda disparada y precios al alza
Encontrar una plaza en la universidad no es el único desafío al que se enfrentan miles de jóvenes cada año. Antes incluso de conocer el aula en la que comenzarán el curso, muchos buscan algo tan básico como un lugar donde vivir. La demanda de alojamiento universitario se adelanta al calendario académico y, cuando las notas de acceso todavía marcan el futuro de los estudiantes, buena parte de las residencias ya rozan el lleno. «Ahora mismo estamos prácticamente completos», resume Natalia Castillo, trabajadora de la residencia Resa San Mamés en Bilbao, una realidad que se repite en otros puntos de España.
En Canarias, la situación es similar. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha recibido 850 solicitudes para sus 462 plazas, casi el doble de la oferta disponible, y el plazo extraordinario aún no ha concluido. En la Universidad de La Laguna (ULL), las cifras son aún más abultadas: 1.274 peticiones para 574 plazas. La escasez de alojamiento público empuja a muchos estudiantes hacia el mercado del alquiler, donde los precios no dejan de subir. Según datos de Fotocasa, el alquiler medio en Canarias ronda los 1.183 euros mensuales para un piso de 80 metros cuadrados, una cantidad que supera con creces el presupuesto de la mayoría de las familias.
Precios disparados y oferta insuficiente
Los precios de las residencias universitarias presentan una horquilla muy amplia. En Bilbao, la residencia Resa San Mamés ofrece habitaciones individuales por entre 1.100 y 1.400 euros al mes, con servicios como comedor, gimnasio y terrazas. En cambio, las residencias públicas canarias resultan mucho más asequibles. La residencia de Tafira, en la ULPGC, cuesta 598 euros al mes con manutención, mientras que los apartamentos del campus, sin comida, se quedan en 310 euros. En la ULL, los colegios mayores tienen un precio de 720,62 euros, pero el 85% de los estudiantes reciben una bonificación del 64%, lo que reduce la cuota a 258,99 euros. «Son precios que no se consiguen ahora mismo en ningún lado», destaca David Sánchez, vicerrector de Estudiantes de la ULPGC.
La vicerrectora de la ULL, Rosario Hernández, explica que el sistema de bonificaciones busca facilitar el acceso a las familias con rentas más bajas, priorizando a quienes proceden de islas no capitalinas o de zonas con dificultades de comunicación. «No primamos mejores notas, sino que facilitamos a las familias con renta más baja que sus hijos puedan venir a estudiar», señala. Aun así, la ULL arrastra un déficit de 1,9 millones de euros para mantener estas cuotas, y ambas universidades reclaman un plan de financiación plurianual que permita ampliar y conservar las plazas existentes.
Planes de futuro para ampliar la oferta
Ante la presión creciente, las administraciones están moviendo ficha. La ULPGC trabaja en un plan de vivienda para alcanzar las mil plazas en Tafira a corto plazo y, más adelante, las 1.500. «Buscamos equipararnos a la demanda para que nadie se quede sin vivienda», afirma Sánchez. Además, la universidad ha recurrido a la colaboración con entidades privadas para incorporar 123 plazas adicionales el próximo curso, reservadas exclusivamente para estudiantes de la ULPGC.
En el archipiélago canario, los cabildos de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro han aprobado una declaración institucional para impulsar una red de residencias estudiantiles en Gran Canaria y Tenerife. La iniciativa insta al Gobierno de Canarias a elaborar un Plan Canario de Residencias que incremente la oferta pública para jóvenes de las islas no capitalinas. La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, subraya que «garantizar el acceso a la educación superior en igualdad de condiciones es una responsabilidad compartida de las administraciones».
Mientras tanto, en el sector privado también surgen alternativas. En Sevilla, la marca Canvas, gestionada por Greystar, ha lanzado una campaña que sortea un año de alojamiento gratuito en su complejo Canvas Student Sevilla Lago, valorado en unos 7.500 euros. La residencia cuenta con 500 habitaciones, baño privado, cocina en 240 de ellas, gimnasio, piscina y zonas de estudio. Este tipo de instalaciones ofrecen comodidades que atraen a estudiantes con mayor poder adquisitivo, pero su precio –que no se detalla en la promoción– suele estar muy por encima de la media de las residencias públicas.
El empuje de los estudiantes internacionales
El número de estudiantes universitarios extranjeros en España sigue creciendo y ya se acerca a los 160.000, un 6,5% más que el curso anterior. Este incremento, impulsado tanto por los programas de movilidad como por la matrícula ordinaria, está aumentando la presión sobre el mercado del alquiler de habitaciones. Según la plataforma LIVE4LIFE, el precio medio de una habitación en España alcanza los 430 euros mensuales, con picos de 617 euros en Madrid y 600 en Barcelona. Los estudiantes internacionales, que suelen disponer de mayor capacidad económica, acceden con más facilidad a las viviendas mejor ubicadas, mientras que los nacionales con menos recursos deben ampliar su radio de búsqueda o compartir piso con más personas.
Esta situación empieza a condicionar la elección de universidad e incluso a dificultar el acceso a la educación superior para parte del alumnado. La falta de oferta de alojamiento asequible se ha convertido en un problema estructural que requiere soluciones coordinadas entre administraciones, universidades y el sector privado. Como señalan los responsables de las residencias consultados, la demanda no deja de crecer y las plazas disponibles, tanto públicas como privadas, se quedan cortas.
En Bilbao, por ejemplo, la oferta total ronda las 2.049 plazas entre residencias y colegios mayores, insuficientes para absorber a los alumnos de la UPV/EHU, la Universidad de Deusto y otros centros. Quienes no consiguen una habitación deben iniciar una nueva carrera en el mercado del alquiler, cada vez con menos margen y más competencia. «Las solicitudes llegan cada vez antes, con el tema de la PAU tenemos mucha demanda», apunta Fernando Asenjo, director del Colegio Mayor Deusto, que afronta el nuevo curso con todas sus plazas prácticamente ocupadas.
La combinación de una demanda creciente, precios elevados en el alquiler tradicional y una oferta de residencias que no termina de despegar dibuja un panorama complejo para los estudiantes y sus familias. Mientras las universidades públicas canarias luchan por mantener sus cuotas bonificadas y los cabildos reclaman un plan regional, en otras ciudades como Bilbao o Sevilla las residencias privadas copan el mercado con precios que no están al alcance de todos. La necesidad de más plazas públicas y de medidas que regulen el mercado del alquiler se hace cada vez más urgente para que la educación superior no dependa del bolsillo de cada cual.
