médicos y Gobierno en un callejón sin salida por las condiciones laborales
La sanidad pública en el archipiélago canario atraviesa uno de sus momentos más críticos. Lo que comenzó como una protesta por la reforma de la normativa estatal ha terminado por convertirse en un pulso directo entre los facultativos y el Servicio Canario de la Salud. A estas alturas, las posturas parecen estar a años luz de distancia, y mientras el Gobierno autonómico intenta calmar las aguas con una propuesta económica, los representantes de los trabajadores aseguran que el problema va mucho más allá del dinero, señalando una falta de respeto institucional que ha terminado por agotar la paciencia del colectivo.
El escenario es, para qué engañarnos, bastante preocupante para el ciudadano de a pie. Con miles de citas médicas en el aire y una lista de espera que no deja de engordar, el ambiente en los centros sanitarios está más que caldeado. Los médicos aseguran que han llegado al límite de sus fuerzas y que la sobrecarga asistencial es inasumible, mientras que la Administración se defiende argumentando que han hecho un esfuerzo presupuestario sin precedentes para intentar contentar a unos profesionales que, según ellos, no están valorando las mejoras ya implementadas.
Un impacto asistencial y económico sin precedentes
Las cifras que deja este conflicto son mareantes y reflejan la magnitud del drama que vive la sanidad isleña. Desde que comenzaron los paros, se han tenido que aplazar más de 57.000 consultas y cerca de 1.500 operaciones quirúrgicas han tenido que ser reprogramadas. Si a esto le sumamos las casi 3.000 pruebas diagnósticas que se han quedado en el tintero, nos encontramos con un total de 61.700 actos asistenciales afectados que dejan a miles de pacientes en una situación de incertidumbre total. La Consejería de Sanidad no ha ocultado su preocupación, calificando la situación de dramática para el sistema.
En lo que respecta a la cartera pública, el agujero que está dejando este conflicto es considerable. Se calcula que cada jornada de huelga supone un quebranto de unos 6 millones de euros, lo que eleva el impacto económico acumulado a 150 millones de euros. Este dinero, que se pierde en la parálisis del sistema, es uno de los argumentos que el Gobierno utiliza para pedir un cese inmediato de las movilizaciones, alegando que el daño que se está haciendo a la salud de la ciudadanía es, en muchos casos, difícil de reparar a corto plazo.
La propuesta del Gobierno: ¿Suficiente o solo un parche?
Para intentar desbloquear la situación, el Servicio Canario de la Salud ha puesto sobre la mesa un paquete de medidas que incluye mejoras retributivas y organizativas. El punto estrella es la subida del precio de la hora de guardia, que actualmente se sitúa en unos 23,9 euros (la más baja de España) y que la Administración pretende elevar hasta los 28 euros, lo que supondría un incremento del 20%. Además, se ha planteado un sistema de incentivos que aumentaría el pago a partir de la sexta guardia del mes, una medida que ha generado bastantes roces con los sindicatos.
Sin embargo, los facultativos no parecen muy por la labor de aceptar el trato así como así. Desde el Sindicato Médico Canario (CESM) han tachado la oferta de vergonzosa, ya que consideran que se están ignorando aspectos fundamentales como los descansos obligatorios tras jornadas de 24 horas o la regularización de las guardias localizadas. Para los profesionales, el hecho de que se incentive económicamente hacer más guardias es una contradicción total, ya que su principal demanda es reducir la penosidad del trabajo y no simplemente cobrar más por trabajar hasta la extenuación.
Además del aspecto económico, Sanidad ha prometido un plan para reforzar la Atención Primaria, limitando el número de pacientes que los médicos de familia y pediatras deben atender por jornada. Aunque suena bien sobre el papel, los trabajadores desconfían y exigen que estas promesas se pongan por escrito y cuenten con una memoria financiera clara. La desconfianza es tal que incluso se ha pedido que el propio presidente del Gobierno de Canarias tome las riendas de la negociación para garantizar que lo que se pacte se cumpla de una vez por todas.
Un conflicto con doble cara: nacional y autonómica
Es importante entender que esta huelga no es un problema aislado de las islas, sino que tiene un origen compartido con el resto del país. Una parte de las quejas va dirigida al Ministerio de Sanidad por la reforma del Estatuto Marco, la ley que rige las condiciones laborales de todos los sanitarios de España. Los médicos exigen una norma propia que reconozca las particularidades de su profesión, algo que ha unido a facultativos de diversas comunidades autónomas en un frente común contra el Gobierno central.
Pero en Canarias llueve sobre mojado, porque a la reivindicación estatal se le suma el malestar por los acuerdos incumplidos de 2023 a nivel regional. El sindicato UGT también ha alzado la voz, recordando que hay facultativos que cobran apenas 12 euros la hora por estar localizados y que se están realizando jornadas maratonianas de hasta 27 horas seguidas sin los descansos adecuados. Esta mezcla de hartazgo por la gestión local y rechazo a las leyes nacionales ha creado un cóctel explosivo que ha terminado por estallar en las calles de las principales capitales canarias.
La realidad actual es que, pese a los intentos de acercamiento, las espadas siguen en todo lo alto y no parece que la solución vaya a llegar mañana mismo. La Consejería de Sanidad insiste en que han contratado a más de mil profesionales en los últimos años y que el presupuesto no da para mucho más, mientras que los médicos advierten de que, si no hay cambios estructurales, el sistema sanitario público de las islas terminará por colapsar definitivamente. Es un pulso de resistencia en el que, por desgracia, quienes más están pagando los platos rotos son los ciudadanos que ven cómo sus citas se retrasan mes tras mes sin una fecha clara en el horizonte.
