La Xunta y las universidades gallegas acuerdan una reforma integral de la PAU
La Xunta de Galicia y las tres universidades públicas gallegas (USC, UVigo y UDC) han cerrado un acuerdo para reformar la organización de la Prueba de Acceso a la Universidad, conocida como PAU. El pacto, ratificado este jueves tras varias semanas de negociaciones, busca ofrecer un sistema más seguro, coherente e igualitario, después de que en la pasada convocatoria de junio se detectaran errores en algunos exámenes que generaron polémica entre estudiantes y docentes.
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicó que el nuevo modelo dará más seguridad al alumnado y permitirá una mayor implicación del profesorado de Secundaria. Además, se delimitarán las funciones y responsabilidades de todas las personas que participan en el proceso, desde la redacción de las pruebas hasta su corrección. La reforma adapta la normativa gallega al Real Decreto 534/2024, que regula los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.
Nuevos órganos de coordinación: Comisión Organizadora y Comisión Técnica
La principal novedad del acuerdo es la creación de dos órganos complementarios. Por un lado, la Comisión Organizadora, formada por tres representantes de la Consellería, tres delegados de las universidades (uno por cada campus) y una secretaría externa, se encargará de fijar las directrices generales de los exámenes: contenidos adecuados, nivel de dificultad, criterios de evaluación y guías de calificación. También elaborará bancos de materiales para facilitar el diseño de las pruebas y establecerá mecanismos de supervisión por pares entre los docentes que redactan las preguntas, con el objetivo de detectar cualquier error o incoherencia antes de que los exámenes lleguen a los alumnos.
Por otro lado, la Comisión Técnica asumirá la gestión operativa de la PAU. Estará integrada por dos personas de reconocida experiencia en la docencia y gestión de pruebas de acceso, a propuesta de la Xunta, y por el presidente y el secretario del Tribunal Único de la CiUG. Entre sus funciones figuran la planificación de horarios y sedes, las medidas de seguridad en la elaboración y custodia de los exámenes, las adaptaciones para alumnado con necesidades específicas y la resolución de reclamaciones que no estén relacionadas con las calificaciones. Además, propondrá a la Comisión Organizadora los miembros de los grupos de trabajo, las comisiones delegadas y los tribunales calificadores.
Mayor peso del profesorado de Bachillerato en la elaboración de exámenes
Uno de los cambios más significativos afecta a la composición de los grupos de trabajo que redactan y corrigen las pruebas. A partir de ahora, estarán formados por un máximo de dos docentes universitarios y hasta cuatro profesores de Bachillerato, lo que otorga un mayor protagonismo a quienes conocen de primera mano el currículo que se evalúa. Cada grupo estará dirigido preferentemente por un profesor universitario, que será responsable de elaborar las propuestas de examen según los criterios marcados por la Comisión Organizadora y de coordinar la supervisión entre los miembros.
El conselleiro Rodríguez destacó que esta medida refleja mejor la preparación del alumnado gallego y garantiza que las pruebas se ajusten al nivel y contenidos del Bachillerato. Las universidades, por su parte, valoraron positivamente el cambio, ya que permite una mayor corresponsabilidad entre la Administración y los centros educativos.
La CiUG mantiene su papel en la admisión
A pesar de la reorganización, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) seguirá siendo la encargada del proceso de admisión a las universidades gallegas. Esto incluye la gestión de las solicitudes de ingreso, la oferta de plazas y su asignación. La CiUG también continuará desempeñando las funciones de elaboración, custodia, distribución y corrección de las pruebas, aunque ahora bajo la supervisión de las nuevas comisiones. El rector de la UDC, Ricardo Cao, subrayó que las aportaciones de las universidades sitúan a la CiUG en un papel central, como ha venido teniendo, y que el diálogo con la Xunta ha permitido una orden más adecuada a los cambios normativos.
La rectora de la USC, Rosa M. Crujeiras, destacó que la nueva regulación refuerza un sistema que ya funcionaba bien, pero que necesitaba una actualización para incorporar mejoras y adaptarse a la legislación estatal. Por su parte, la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, señaló que el acuerdo alcanza un buen equilibrio entre la custodia de los exámenes y la prevención de errores, y que la norma es fruto del consenso entre todas las partes.
Reacciones de las universidades y la Xunta
Tanto la Xunta como los rectores coincidieron en que el sistema anterior tenía margen de mejora. El conselleiro Rodríguez afirmó que se detectó una debilidad, se consensuó y se actuó para dar una solución a un marco que, aunque funcionaba bien, podía perfeccionarse. Las universidades, por su lado, agradecieron la disposición de la Consellería a trabajar conjuntamente y destacaron que la reforma permitirá mantener los altos estándares de acceso universitario en Galicia.
El acuerdo, que ahora inicia su tramitación administrativa, entrará en vigor a partir del próximo curso, con efectos ya visibles en la convocatoria de 2027. Los estudiantes y familias gallegas contarán con un proceso de selectividad más transparente, con doble revisión de exámenes y una mayor participación del profesorado de Secundaria, lo que, según las autoridades, redundará en una mayor igualdad de oportunidades para todos los aspirantes que busquen la consulta de las notas de la PAU.
