La Justicia suspende las oposiciones del SERIS para médicos sin especialidad en La Rioja
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño ha paralizado de forma cautelar las oposiciones convocadas por el Servicio Riojano de Salud (SERIS) para cubrir seis plazas de médico sin exigencia de especialidad. La decisión, recogida en un auto fechado el pasado 22 de julio, responde al recurso presentado por la Abogacía del Estado a instancias del Ministerio de Sanidad, que considera que la convocatoria vulnera la normativa básica estatal.
La medida judicial no es definitiva, sino que suspende el proceso selectivo hasta que una sentencia posterior se pronuncie sobre el fondo del asunto. El auto argumenta que esta suspensión «protege mejor el interés público y no causa daños de imposible reparación», al tiempo que concede «apariencia de buen derecho» a las objeciones del Ministerio. El Gobierno de La Rioja, a través de su portavoz Alfonso Domínguez, ha mostrado «su absoluto respeto» a la resolución, aunque ha subrayado que se trata de una paralización cautelar y confía en que sus actuaciones se ajustan a la legalidad.
Los motivos de la suspensión: especialidad y nacionalidad
El auto señala dos motivos impugnatorios principales que, según el juzgado, «suponen y conllevan una clara vulneración de la norma básica estatal». El primero es la falta de exigencia de titulación de especialista. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de La Rioja el 28 de enero, solo requería el título de licenciado o graduado en Medicina, sin necesidad de acreditar una especialidad vía MIR. El Ministerio de Sanidad sostiene que para ejercer actividades sanitarias asistenciales en España no basta con la formación básica, sino que se precisa estar en posesión del título de especialista, especialmente en Medicina Familiar y Comunitaria.
El segundo motivo es la eliminación del requisito de nacionalidad. La ley nacional establece que solo pueden presentarse a procesos de selección de personal estatutario fijo quienes posean nacionalidad española o de un estado miembro de la UE. Una norma autonómica posterior introdujo la posibilidad de que, por interés general, pudieran concurrir extranjeros que no cumplieran ese requisito. Sin embargo, el Ministerio considera que, si las plazas ofertadas son de «gestión y servicios» y no sanitarias, el requisito de nacionalidad debería seguir siendo obligatorio.
Funciones asistenciales bajo la etiqueta de «gestión»
El SERIS definió estas plazas como «personal de gestión y servicios» para evitar las exigencias de especialidad, pero el auto revela que las funciones previstas tenían un claro componente asistencial. Según la convocatoria, los médicos seleccionados realizarían tareas como cribado en la atención continuada, apoyo al especialista, asistencia del 061 y seguimiento telefónico de bajas médicas, citas y recetas. Para el Ministerio, todos estos actos tienen «contenido clínico», y la supervisión del especialista no elimina la responsabilidad profesional ni convierte la actividad en no asistencial.
El juzgado coincide con esta interpretación y señala que el propio SERIS, al oponerse a la suspensión cautelar, reconoció las funciones asistenciales «que están en la tramoya de la convocatoria de las plazas como forma de sustitución de la especialidad de Médico de Familia y para eludir las exigencias establecidas en la legislación». Ante el requerimiento del Ministerio, el SERIS modificó el temario eliminando dos bloques completos de contenidos propios de Atención Primaria Especializada, pero el juez consideró que el fondo del problema persistía.
Reacciones políticas y sindicales
La suspensión ha generado un intenso debate político. El PSOE de La Rioja, a través de su diputado Miguel González de Legarra, ha cargado contra el Gobierno regional por pretender crear «médicos low cost» y ha calificado la iniciativa de «improvisación» y «experimento administrativo». Legarra ha subrayado que «la sanidad pública no puede dirigirse como un laboratorio» y ha instado al Ejecutivo a mejorar las condiciones laborales para atraer profesionales, en lugar de buscar atajos legales.
Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha valorado «de forma muy positiva» el freno judicial y ha exigido al SERIS que «abandone de inmediato los atajos ilegales para abordar la falta de personal médico de Familia». El sindicato considera que el problema de fondo no es la ausencia de profesionales, sino «la incapacidad de las administraciones públicas para retenerlos debido a la falta de planificación, la precariedad y unas condiciones laborales que expulsan a los especialistas del sistema público».
El Gobierno de La Rioja, en cambio, defiende que la convocatoria buscaba «la mayor eficiencia posible de los servicios públicos» y que la posibilidad de contar con profesionales técnicos para labores administrativas permitiría descargar a los facultativos especialistas de tareas burocráticas. El portavoz Alfonso Domínguez ha insistido en que la actuación está «perfectamente ajustada a la legalidad» y que esperarán la resolución definitiva del juzgado «con toda normalidad».
La polémica en torno a esta OPE refleja el difícil equilibrio entre la necesidad de cubrir plazas y el respeto a la normativa que garantiza la calidad asistencial. Mientras el Gobierno riojano confía en que la justicia avale su postura, la oposición y los sindicatos advierten de que no se puede improvisar con la sanidad pública. El auto del juzgado de Logroño deja claro que, al menos de momento, los requisitos de especialidad y nacionalidad no son negociables.
