Solo siete voluntarios para los tribunales de oposiciones de maestros en Cantabria
La próxima convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Maestros en Cantabria llega envuelta en una fuerte polémica: la Consejería de Educación solo ha logrado reunir siete personas dispuestas a participar voluntariamente en los tribunales de evaluación, cuando se necesitan 52 docentes para poder formar los 13 tribunales previstos.
Este fuerte desajuste ha encendido todas las alarmas entre el profesorado y las organizaciones sindicales, que ven en la escasa respuesta voluntaria una prueba clara de rechazo al nuevo modelo de oposición impulsado por la Consejería, conocido ya entre el sector educativo como el “modelo Silva”.
Un nuevo sistema de tribunales casi sin voluntarios
El cambio más discutido de la reforma ha sido la decisión de que una parte de los vocales de los tribunales sean designados por voluntariado en lugar de por sorteo entre todos los funcionarios de carrera, como se venía haciendo hasta ahora en Cantabria.
En la convocatoria actual se han configurado 13 tribunales para el cuerpo de Maestros, cada uno de ellos integrado por cinco miembros: una presidencia nombrada por la Consejería, dos vocales designados por sorteo y dos vocales que debían salir de una bolsa de docentes voluntarios.
Sin embargo, de los 52 puestos que debían cubrirse mediante este sistema opcional, solo se han presentado siete personas que finalmente cumplen los requisitos, muy lejos de lo que la Administración preveía cuando lanzó esta modificación.
La propia Consejería reconoce que, con esta respuesta tan limitada, no se han podido completar ni de lejos las plazas de vocales voluntarios, por lo que el resto de puestos volverán a cubrirse mediante el método tradicional del sorteo.
Distribución de los voluntarios por especialidades
La escasez de candidaturas se aprecia con claridad al detallar la distribución por especialidades, donde algunas áreas se han quedado completamente vacías de aspirantes a vocal voluntario.
Según los datos difundidos por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC), solo hay una persona voluntaria para los cuatro tribunales de Educación Infantil y otra única docente para los cuatro tribunales de Primaria, lo que deja evidente la dificultad para encontrar profesorado dispuesto a asumir este papel.
En la especialidad de Pedagogía Terapéutica se han presentado tres voluntarios para el tribunal único previsto, de los cuales dos ocuparán plaza y uno quedará como suplente, configurando la única área donde ha habido un ligero excedente.
En Audición y Lenguaje únicamente se ha ofrecido una persona y en Educación Física también solo consta un docente voluntario, lo que permite cubrir un tribunal mínimo pero muy alejado del diseño original de dos vocales voluntarios por tribunal.
Las especialidades de Inglés y Música son las más afectadas, ya que no se ha registrado ni un solo voluntario para sus tribunales. En ambos casos todos los vocales deberán ser elegidos por sorteo, tal y como sucedía con el sistema anterior.
Críticas de STEC: un modelo «fracasado antes de probarse»
Ante este panorama, el STEC ha sido especialmente duro en sus valoraciones y sostiene que la reforma del procedimiento “ha fracasado antes de ensayarse”, al considerar que la propia realidad de los datos demuestra que el profesorado no respalda el nuevo modelo.
El sindicato recuerda que la modificación del sistema de selección de los vocales fue una decisión tomada de forma “unilateral” por la Consejería, pese a haber sido rechazada en la mesa de negociación por todas las organizaciones sindicales que participan en la representación del profesorado.
Además, STEC subraya que en la consulta organizada por la Junta de Personal Docente el pasado mes de marzo, nueve de cada diez docentes se mostraron contrarios a este cambio, manifestando su disconformidad con que los tribunales dependan en parte de personas voluntarias.
Desde la organización sindical se insiste en que este enfoque pone en riesgo la diversidad y la independencia que deben caracterizar la composición de un tribunal en un proceso público tan sensible como es un concurso-oposición docente, y advierten sobre los riesgos de tribunales de oposiciones subjetivos.
La respuesta de la Consejería y el llamado «modelo Silva»
Por parte de la Administración educativa, el consejero Sergio Silva y el director general de Personal Docente, Alberto Hontañón, defienden que el actual modelo responde a quejas reiteradas del profesorado que en años anteriores manifestaba su malestar por ser designado de forma obligatoria para los tribunales.
Según Hontañón, la idea de incorporar vocales voluntarios pretendía dar cabida a quienes “quisieran corregir” y aliviar la sensación de imposición que acompañaba al sorteo generalizado, algo que, según Educación, se venía demandando desde hace tiempo en los centros.
La Consejería también apunta que otras comunidades autónomas ya trabajan con sistemas similares de incorporación voluntaria a los tribunales, y recuerda que la normativa permite cierto margen a las administraciones educativas para configurar estos órganos de evaluación.
Desde el Gobierno regional se interpreta la postura del STEC como “bastante demagoga”, insistiendo en que el objetivo es mejorar el funcionamiento de las oposiciones y dar una salida al descontento acumulado tras los problemas detectados en procesos anteriores.
Procesos más largos y efectos sobre las listas de interinos
Más allá de la discusión sobre el origen de los vocales, el sindicato alerta de que el nuevo diseño de la oposición implicará alargar el proceso de corrección durante buena parte del curso 2026-2027, en lugar de concentrarlo en unos meses como se hacía en anteriores convocatorias.
El plan de la Consejería contempla que los miembros de los tribunales estén liberados de la docencia desde septiembre para dedicarse exclusivamente a la evaluación de las pruebas, una decisión que, a juicio de STEC, ha sido tomada sin el consenso del profesorado.
Esta liberación durante un curso completo tendrá impacto directo sobre la creación de listas de contratación para nuevos trabajadores, ya que se retrasará un año la conformación definitiva de esas bolsas de trabajo tan esperadas por quienes se presentan al proceso.
También se verá pospuesto en un curso el nombramiento y el concurso de los funcionarios de carrera que consigan plaza en Cantabria, lo que, según el sindicato, supone un perjuicio añadido tanto para los nuevos titulados como para el conjunto del sistema educativo.
Retraso en las correcciones y verano en el aire para los aspirantes
Otro de los puntos que más inquietud está generando entre quienes se van a presentar a estas oposiciones es el calendario de correcciones que maneja la Consejería, ya que muchos aspirantes podrían pasar todo el verano sin saber si continúan en el proceso.
El STEC denuncia que la decisión de no corregir la parte A del examen antes de agosto mantendrá a los opositores en una situación de incertidumbre durante meses, sin conocer si han superado o no la primera fase de la oposición.
La organización sindical pide que al menos se corrija esa primera parte de la prueba antes de las vacaciones de agosto, de forma que quienes queden eliminados puedan reorganizar su futuro académico y laboral sin alargar la espera hasta el otoño.
Desde la Consejería se ha explicado que la oposición se ha dividido en dos etapas: una primera fase en junio, coincidiendo con el final del curso escolar, y otra a partir de septiembre, cuando los miembros de los tribunales ya están liberados de sus tareas lectivas.
Remuneración, liberaciones y docentes colaboradores
La cuestión económica tampoco ha quedado al margen del debate. El director general de Personal Docente ha precisado que los tribunales solo percibirán una indemnización específica en la fase de junio, coincidiendo con el inicio de la oposición.
A partir de septiembre, cuando los miembros de los tribunales ya estén liberados de sus clases y sustituidos en sus centros, no está prevista una remuneración extraordinaria por seguir corrigiendo, al considerar que esa labor forma parte de sus funciones durante ese periodo.
Además de los integrantes de los tribunales, la Consejería prevé solicitar la participación de docentes colaboradores voluntarios los días 20 y 21 de junio, coincidiendo con la realización de la primera parte de la prueba de oposición.
Estos colaboradores se encargarán de tareas de vigilancia y apoyo logístico en los distintos centros donde se celebrarán los exámenes, que según Educación se concentrarán en la ciudad de Santander para facilitar la organización del dispositivo.
Debate sobre la transparencia y las notas de convocatorias anteriores
Otro foco de discrepancia importante gira en torno a la falta de publicación de criterios de corrección detallados y rúbricas desde el mismo momento de la convocatoria, algo que STEC considera esencial para garantizar transparencia y seguridad jurídica.
El sindicato sostiene que en otras comunidades autónomas este tipo de documentación ya se incorpora a las convocatorias oficiales, ayudando tanto a los opositores a orientar su preparación como a los tribunales a corregir de forma más homogénea y objetiva.
En esa línea, STEC afirma haber entregado a la Consejería un modelo completo de rúbricas y criterios de evaluación listo para ser aplicado, pero denuncia que la propuesta “no ha sido tenida en cuenta” por el departamento que dirige Sergio Silva.
La organización sindical también critica duramente la decisión de suprimir el derecho a conservar la nota obtenida en las dos últimas convocatorias a efectos de conformar las listas de interinidad, algo que hasta ahora era una herramienta valiosa para muchos docentes.
Mientras tanto, la Consejería permite incorporar notas obtenidas en oposiciones de otras comunidades autónomas, tras una sentencia judicial desfavorable, lo que, según STEC, genera una situación de agravio comparativo para el personal interino cántabro.
En conjunto, la combinación de un sistema de tribunales con apenas siete voluntarios, la prolongación del proceso al curso siguiente, la eliminación del derecho a guardar la nota y la falta de rúbricas públicas ha creado un clima de fuerte malestar en el profesorado y en quienes se preparan las oposiciones de maestros en Cantabria, mientras la Consejería defiende que estos cambios responden a la necesidad de reformar un modelo muy cuestionado y promete seguir adelante pese a la oposición de la mayoría de los agentes educativos.
