la propuesta y su letra pequeña
El Gobierno ha puesto sobre la mesa una subida salarial acumulada del 10% para el personal de las administraciones públicas a lo largo de cuatro ejercicios. La propuesta, trasladada a las mesas de negociación con CCOO, UGT y CSIF, afecta a más de 3,5 millones de empleados de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
Según fuentes de la negociación, el planteamiento fija un límite del 4% entre los dos primeros años y deja el resto para los tramos finales del periodo. Los sindicatos rechazan el esquema por considerar que no blinda el poder adquisitivo y piden revisar el reparto y la cuantía, con el compromiso de continuar las conversaciones en las próximas horas.
Qué propone Función Pública y cómo se reparte el 10%
La oferta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública prevé un incremento gradual hasta 2028, con tope del 4% en los dos primeros ejercicios por las restricciones del techo de gasto. El 6% restante se aplicaría en 2027 y 2028, con la intención de evitar pérdidas de poder de compra a medida que modere la inflación.
En paralelo, el departamento ha trasladado que la actualización pendiente del primer año se abonaría con efectos retroactivos. Sobre el contexto de precios, distintos cálculos sindicales recuerdan que el IPC cerró 2024 cerca del 2,8% y que la inflación interanual hasta octubre ronda el 3,1%, lo que tensiona la senda si el alza de los dos primeros años queda por debajo de esa referencia.
El ministro Óscar López ha defendido que el objetivo es que los trabajadores públicos no pierdan poder adquisitivo durante el ciclo del acuerdo. No obstante, las centrales piden que este compromiso quede blindado con cláusulas efectivas y una distribución más equilibrada desde el inicio.
Posición de los sindicatos: rechazo inicial y presión para mejorar
CCOO califica la propuesta como insuficiente y sostiene que supone un agravio para el colectivo. El sindicato ha advertido de que, si no hay avances claros, valorará movilizaciones en el tramo final del año. UGT comparte el diagnóstico y subraya que el 4% en los dos primeros ejercicios “complica la negociación” al no garantizar de entrada el mantenimiento del poder de compra.
CSIF, por su parte, recuerda que los empleados públicos acumulan una pérdida de capacidad adquisitiva desde 2010 que estiman cercana al 20% y reclama una oferta que cubra la inflación prevista en 2025 y 2026. Aunque rechaza la cifra inicial, el sindicato señala que seguirá negociando por responsabilidad para acercar posturas.
Calendario y margen presupuestario: la negociación sigue abierta
Tras el primer intercambio, el Ministerio ha convocado una nueva reunión con las tres organizaciones para seguir trabajando en un acuerdo plurianual de salarios y empleo. En el entorno de Función Pública se percibe cierto margen si Hacienda habilita más dotación, aunque el encaje está condicionado por el techo de gasto y la prórroga presupuestaria.
Fuentes consultadas apuntan a que el reparto del 10% es el punto más sensible: los sindicatos reclaman más peso al principio para evitar la pérdida real de poder de compra en 2025-2026, y el Gobierno defiende un escalado compatible con las restricciones fiscales.
Antecedentes recientes y materias paralelas en la mesa
El último acuerdo plurianual (2022-2024) contempló subidas acumuladas de hasta el 9,5% bajo condiciones variables ligadas al IPC y al PIB, además de pagos retroactivos y compromisos sobre jornada y clasificación profesional. En 2024 se abonó un 0,5% adicional pactado en el marco anterior, con la nómina anual de la Administración aún condicionada por la ausencia de Presupuestos.
Más allá del alza salarial, la negociación actual aborda la modernización del empleo público: reducción progresiva de la tasa de reposición, planes de recursos humanos, estabilización del empleo temporal (uno de cada tres contratos), impulso a la promoción interna y procesos selectivos que valoren competencias más allá de las pruebas memorísticas.
También se estudian mejoras organizativas como el despliegue de la jornada de 35 horas donde corresponda, el desarrollo del teletrabajo, y la actualización de indemnizaciones por residencia e insularidad, además de dietas por razón de servicio, demandas recurrentes en determinados territorios.
Impacto esperado en nómina y poder de compra
Con el tope del 4% en los dos primeros años, el riesgo de pérdida de poder adquisitivo en el arranque del ciclo existe si la inflación se mantiene en el entorno del 3%. La compensación podría llegar en 2027-2028 con el 6% restante, siempre que el IPC de esos ejercicios sea más moderado y se incorporen posibles cláusulas de revisión.
La clave, según los agentes sociales, está en asegurar que el acuerdo no reproduzca la brecha abierta en el ciclo inflacionista reciente y, al mismo tiempo, proporcione certidumbre presupuestaria para que las administraciones planifiquen su política de personal sin sobresaltos.
Qué significaría para las administraciones y el servicio público
Un pacto salarial plurianual aporta visibilidad a las plantillas y permite acompasar la oferta de empleo, la formación y la carrera profesional. Con una senda clara, se facilita la retención de talento y la cobertura de puestos críticos, asuntos especialmente sensibles en sanidad, educación y justicia, entre otros ámbitos.
El equilibrio entre sostenibilidad fiscal y calidad del servicio exige, según coinciden las partes, combinar la subida salarial con mejoras organizativas: agilizar oposiciones, reforzar la promoción interna y reducir la temporalidad. Todo ello, sin perder de vista el objetivo de mantener el poder adquisitivo a lo largo del periodo.
La negociación encara días decisivos: se explora un ajuste del reparto del 10% acumulado, la posible introducción de cláusulas de garantía frente a la inflación y un calendario de aplicación que encaje con las limitaciones del gasto. Los sindicatos mantienen la presión y el Gobierno, por su parte, abre la puerta a afinar la propuesta para cerrar un acuerdo amplio.
