La jornada de 35 horas en la Administración General del Estado entra en fase decisiva
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha comunicado a las organizaciones sindicales que ha arrancado el procedimiento formal para implantar la jornada semanal de 35 horas en la Administración General del Estado (AGE). Con este movimiento, el Gobierno reactiva uno de los compromisos clave incluidos en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado con UGT y CCOO, y posteriormente reiterado en el último pacto alcanzado con CSIF.
Esta reducción del tiempo de trabajo, que rebajará la jornada desde las 37,5 horas actuales a 35 horas semanales (7 horas diarias), se aplicará al personal funcionario y laboral de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. Los cálculos manejados por el propio Ejecutivo y por las centrales sindicales sitúan el número de personas potencialmente beneficiadas en una horquilla de entre 240.000 y 250.000 empleados públicos, lo que da una idea del alcance de la medida.
Inicio del procedimiento y calendario previsto
Según ha explicado Función Pública, la Secretaría de Estado responsable de este ámbito está elaborando nuevas instrucciones sobre jornada y horarios destinadas al personal al servicio de la AGE y de sus organismos dependientes. Esas instrucciones serán la base normativa para reflejar la reducción de la jornada semanal hasta las 35 horas, sustituyendo el marco actual que mantiene las 37,5 horas.
El plan del Ministerio pasa por convocar los días 10 y 11 de febrero a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente, órganos en los que se informará a subsecretarios y responsables de personal de los distintos departamentos ministeriales sobre el contenido de la modificación. Se trata de un paso previo imprescindible antes de elevar la propuesta a la Mesa General de la Administración del Estado, donde se abordará la negociación detallada con las organizaciones sindicales.
Los sindicatos consultados señalan que, si no surgen contratiempos, la reducción de jornada podría estar lista para aplicarse entre finales de febrero y el mes de marzo. No obstante, tanto el propio Ministerio como las centrales reconocen que la complejidad técnica y organizativa de la medida puede influir en los plazos y obligar a ciertos ajustes, sobre todo a la hora de concretar qué colectivos exactos quedan incluidos.
Desde UGT y CCOO recuerdan que el compromiso de las 35 horas ya figuraba en el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI 2022-2024, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre de 2024 sin que se hubiera completado su implantación en la AGE. El nuevo impulso dado ahora por Función Pública pretende desbloquear una cuestión que los sindicatos veían calificando como “pendiente” desde hace años.
En paralelo, el departamento que dirige Óscar López ha trasladado a las centrales que se cumplirán los plazos comprometidos previamente, después de que en reuniones anteriores surgiera la posibilidad de vincular la puesta en marcha de la jornada de 35 horas a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Ese escenario, que generó un profundo malestar en las organizaciones sindicales, ha quedado descartado con el anuncio oficial de inicio del procedimiento.
A quién afectará la reducción de la jornada
De acuerdo con los últimos datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, la Administración General del Estado cuenta con más de 240.000 empleados públicos en su ámbito estrictamente administrativo, sin incluir Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni la Administración de Justicia. Esta cifra aumenta hasta alrededor de 250.000 si se consideran el conjunto de organismos y entidades dependientes.
Dentro de la AGE se encuentran los ministerios, secretarías de Estado, subsecretarías y direcciones generales, así como el personal destinado en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en las provincias y direcciones insulares. También se incluye el personal de la AGE en el exterior, como las embajadas y las representaciones permanentes ante organizaciones internacionales.
La estructura de personal se reparte entre distintos tipos de entes: alrededor de 95.000 empleados están adscritos directamente a los ministerios, más de 63.000 pertenecen a organismos autónomos, unos 24.000 trabajan en entidades públicas empresariales y cerca de 19.000 lo hacen en agencias estatales. A ellos se suman varios miles de personas que prestan servicio en autoridades administrativas independientes, universidades de titularidad estatal no transferidas (como la UNED o la UIMP) y otros entes de derecho público.
En teoría, la Administración General del Estado también abarca a organismos y entidades adscritos a los ministerios que operan con un cierto grado de autonomía, como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), determinadas agencias reguladoras o entidades públicas empresariales. Sin embargo, los sindicatos recuerdan que en estos casos será necesaria una negociación específica en la Mesa General de Negociación para adaptar la jornada a las peculiaridades de cada organismo.
En principio, la previsión es que queden fuera de esta reducción de jornada colectivos como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia, donde rigen marcos normativos y organizativos propios. No obstante, las centrales ya han avanzado que defenderán la extensión de mejoras laborales allí donde sea posible, aunque por cauces negociadores distintos a los de la AGE estricta.
Posición de los sindicatos y exigencias adicionales
Las tres grandes organizaciones del sector público, UGT, CCOO y CSIF, han valorado el anuncio del Ministerio como un paso en la buena dirección, aunque difieren en el tono de sus mensajes. UGT y CCOO subrayan que la decisión supone “volver a lo pactado” en el Acuerdo Marco anterior y que despeja la incertidumbre generada en las últimas semanas sobre un posible aplazamiento ligado a los Presupuestos Generales.
Ambas centrales insisten en que la implantación de la jornada de 35 horas debe abarcar a toda la Administración General del Estado, lo que incluye expresamente al personal de Instituciones Penitenciarias. Este colectivo ha quedado a menudo en una posición ambigua en anteriores reformas organizativas, por lo que los sindicatos reclaman que no vuelva a repetirse esa situación en esta ocasión.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha celebrado el inicio del procedimiento, pero recalca que la medida “llega con más de tres años de retraso” respecto a los compromisos adquiridos por el Gobierno. La organización recuerda que la jornada de 35 horas ya está implantada en la mayoría de administraciones autonómicas y locales, de modo que la AGE se había quedado como una de las pocas grandes estructuras públicas sin adaptar su horario a este estándar.
CSIF subraya que el avance en la jornada es solo el primer tramo de un calendario más amplio de reformas contempladas en los acuerdos firmados con el Ejecutivo. Entre las prioridades que la central quiere abordar de inmediato en la Mesa General se encuentran el desarrollo efectivo del teletrabajo en la Administración, la promoción interna del personal, la actualización de las indemnizaciones por razón de servicio (dietas, desplazamientos y otros gastos) y el refuerzo del sistema sanitario de Muface para los funcionarios.
UGT y CCOO, en la misma línea, reclaman que se aborde con urgencia la clasificación profesional del personal técnico superior y medio en el ámbito de la función pública, un asunto que también figura en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. La reciente tramitación del anteproyecto de Estatuto Marco Sanitario se ha convertido en un argumento adicional para acelerar esta revisión de categorías y grupos profesionales.
La jubilación parcial y el teletrabajo, otros frentes abiertos
Más allá de la jornada de 35 horas, uno de los asuntos que más fricción está generando entre Gobierno y sindicatos es la recuperación de la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de las administraciones públicas. Este derecho quedó en una especie de limbo tras la reforma de las pensiones, que exige que los contratos de relevo asociados a estas jubilaciones sean indefinidos, algo que en el sector público se complica por la necesidad de pasar por oposiciones u ofertas de empleo público.
Función Pública ha trasladado a las centrales que buscará el instrumento normativo adecuado para garantizar la viabilidad de esta figura, pero UGT y CCOO han reclamado que la recuperación sea inmediata y han realizado un llamamiento tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios para que cierren definitivamente un problema que afecta a miles de empleados públicos en ámbitos laborales, funcionariales y estatutarios.
Otro compromiso que permanece pendiente desde hace años es el desarrollo pleno del teletrabajo en la Administración General del Estado. Pese a que ya en abril de 2021 se alcanzó un acuerdo para impulsarlo, los sindicatos denuncian que su despliegue práctico ha sido muy limitado y desigual, y exigen una regulación más clara y homogénea que garantice derechos, medios tecnológicos adecuados y criterios comunes entre departamentos.
En los acuerdos más recientes también se ha incluido la necesidad de reforzar la promoción interna, de ajustar las cuantías por razón de servicio al incremento del coste de la vida y de consolidar mejoras retributivas. En este sentido, el último pacto salarial contempla una subida acumulada de en torno al 11% en varios años para el conjunto de los empleados públicos, aunque los sindicatos recalcan que estas mejoras económicas deben ir acompañadas de cambios organizativos como la reducción de la jornada.
Las centrales sindicales consideran que la implantación efectiva de las 35 horas puede servir como termómetro de la voluntad real del Gobierno para cumplir el resto de compromisos firmados. Por ello, han anunciado que seguirán “muy de cerca” el desarrollo del procedimiento y no descartan intensificar la presión si detectan nuevos retrasos o intentos de condicionar la aplicación de la medida a factores políticos ajenos a la negociación en la Mesa General.
Contexto: otras administraciones ya aplican las 35 horas
La Administración General del Estado llega a este debate con cierto retraso respecto a otras administraciones públicas. Numerosas comunidades autónomas y una buena parte de los grandes ayuntamientos ya han implantado o recuperado la jornada de 35 horas tras las políticas de recorte que se generalizaron con la crisis financiera de 2008.
En el ámbito municipal, ayuntamientos como los de Sevilla, Madrid, Santa Cruz de Tenerife o Cáceres llevan tiempo funcionando con semanas laborales de 35 horas para su personal. En el caso de Barcelona, el consistorio cerró recientemente un preacuerdo en su convenio colectivo para reducir la jornada de las 37,5 horas actuales a las 35 horas semanales, alineándose así con el estándar que reclaman los sindicatos para el conjunto del sector público.
El contraste con la AGE, que ha mantenido hasta ahora la jornada de 37,5 horas semanales, se ha ido haciendo más evidente con el paso del tiempo. De hecho, en el primer Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI ya se recogía, con carácter general, la implantación o recuperación de la jornada de 35 horas en todas las administraciones, dejando claro que cada ámbito —estatal, autonómico o local— debía negociar los detalles de su aplicación.
La situación actual responde en buena medida a la fase final de la negociación entre el Gobierno y los sindicatos sobre el nuevo marco salarial y organizativo. En ese proceso, las centrales han conseguido que la jornada de 35 horas vuelva a situarse en el centro de la agenda, junto con otros compromisos como la jubilación parcial, la clasificación profesional y el desarrollo del teletrabajo.
Con el procedimiento ya activado y un calendario aproximado que apunta a los próximos meses, la reducción de la jornada laboral en la Administración General del Estado se perfila como una de las grandes reformas internas de esta legislatura en materia de empleo público. Su alcance definitivo dependerá de cómo se resuelvan las negociaciones en la Mesa General, de la capacidad técnica para adaptar horarios y servicios y de la inclusión —o no— de colectivos como Instituciones Penitenciarias y determinados organismos adscritos, pero todo apunta a que la AGE está a las puertas de equipararse al resto de administraciones que ya operan con 35 horas semanales.
