La Generalitat exige blindar la evaluación de 2º de Bachillerato en plena huelga educativa
La Generalitat Valenciana ha puesto como condición imprescindible para seguir negociando con los sindicatos de la enseñanza que se garantice, pase lo que pase, la evaluación del alumnado de 2º de Bachillerato. El gobierno autonómico quiere impedir que la huelga indefinida anunciada para todas las etapas educativas acabe afectando a la EBAU de miles de estudiantes.
Desde la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades se insiste en que la prioridad absoluta en este conflicto es proteger el derecho del alumnado a presentarse a la prueba de acceso a la universidad en igualdad de condiciones, tanto respecto a otros territorios del Estado como frente a centros privados y concertados.
Blindar la evaluación de 2º de Bachillerato como línea roja
En la última reunión de la Mesa Sectorial, la Generalitat ha dejado claro que la continuidad del diálogo con los sindicatos queda supeditada a un compromiso firme: asegurar que la evaluación final de 2º de Bachillerato se realiza con normalidad, pese al calendario de paros y movilizaciones. Para el departamento autonómico, este punto no es negociable.
La Conselleria subraya que el objetivo es que ningún estudiante de segundo de Bachillerato vea peligrar su acceso a la universidad por un conflicto laboral entre administración y docentes. Se pretende que la situación en la Comunitat Valenciana sea equiparable a la del resto de comunidades autónomas, de manera que el alumnado valenciano no quede en desventaja.
En este contexto, Educación ha planteado que la evaluación final de estos grupos quede “blindada”, es decir, protegida de las consecuencias directas de la huelga, articulando las medidas necesarias para que el proceso calificativo se desarrolle en tiempo y forma. Los detalles técnicos de ese blindaje se deberían concretar en posteriores reuniones si se acepta esta premisa.
Sin embargo, las organizaciones sindicales presentes en la Mesa —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— han rechazado esta condición. Los sindicatos consideran que fijar la evaluación de 2º de Bachillerato como línea roja limita su capacidad de presión y han optado por mantener la convocatoria de huelga indefinida, al entender que las mejoras económicas ofrecidas no responden a sus expectativas.
Huelga indefinida y tensión en la Mesa Sectorial
Tras una reunión sin acuerdo, los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial han confirmado que la huelga indefinida en todas las etapas educativas sigue adelante y arrancará el 11 de mayo. La decisión se adopta pese a la propuesta global presentada por la Conselleria, que, según el departamento autonómico, recogía la mayoría de reivindicaciones planteadas.
Las organizaciones sindicales califican de “irrisoria” la oferta salarial que Educación ha puesto sobre la mesa, basada en un incremento retributivo de 75 euros mensuales. Desde su punto de vista, esta subida no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada ni responde al nivel de responsabilidad y carga de trabajo del profesorado.
La Generalitat, por su parte, sostiene que la propuesta económico-laboral es sólida y que tiene la voluntad de continuar negociando. No obstante, insiste en que la evaluación del alumnado de 2º de Bachillerato no puede utilizarse como elemento de presión en el conflicto. A su juicio, el impacto directo sobre el futuro académico de miles de jóvenes convertiría esta cuestión en un límite que no están dispuestos a sobrepasar.
En paralelo, el Consell ha reiterado que la vía del diálogo se mantiene abierta y que su intención es alcanzar un acuerdo que combine la mejora de las condiciones del profesorado con la defensa del derecho a la educación del alumnado. Aun así, admite que la negociación se solapará con el desarrollo de la huelga, lo que incrementa la tensión en los centros.
Oferta de mejoras salariales y reconocimiento profesional
En el apartado económico, la Conselleria de Educación ha puesto sobre la mesa una movilización de 100 millones de euros anuales destinada a reforzar las retribuciones del profesorado. Esta cantidad permitiría, según el departamento, un incremento salarial de en torno a 1.050 euros anuales por docente.
Con esta subida, el Ejecutivo valenciano pretende que las nóminas del profesorado de la Comunitat se sitúen por encima de la media española, mejorando así su posición comparativa con otras autonomías. La administración argumenta que el esfuerzo presupuestario es considerable y que muestra una apuesta clara por el personal docente.
Educación también recuerda que el sistema de sexenios vigente en la Comunitat Valenciana se encuentra entre los más altos del país. Estos complementos por antigüedad y formación pueden alcanzar los 687,61 euros mensuales, una cifra que el gobierno autonómico presenta como evidencia del reconocimiento económico a la carrera profesional de los docentes.
Aunque esta combinación de incremento salarial y mantenimiento de sexenios destacados se presenta como un paquete retributivo relevante, las centrales sindicales mantienen que la propuesta es insuficiente. Consideran que la mejora debe ir más allá y abarcar tanto salarios base como otros complementos, además de reducir la temporalidad y mejorar las ratios.
Menos burocracia y plan de climatización en los centros
Más allá de la cuestión económica, la Generalitat ha incorporado a su oferta un conjunto de medidas dirigidas a aliviar la carga burocrática del profesorado. Una de las propuestas estrella es el denominado Plan Simplifica Educa, previsto para entrar en vigor en el curso 2026-2027.
Este plan incluye el proyecto Edén, una iniciativa que busca centralizar en un único expediente electrónico todos los datos personales y profesionales del docente. La idea es reducir la dispersión de trámites, evitar duplicidades y facilitar gestiones que actualmente consumen una cantidad significativa de tiempo administrativo.
La Conselleria defiende que, con estas herramientas, el profesorado podrá dedicar más tiempo a la tarea estrictamente educativa y menos a cuestiones burocráticas, uno de los reproches recurrentes de los equipos docentes. La simplificación de procesos se considera clave para mejorar el clima laboral en los centros.
Además, el departamento trabaja en un plan de climatización de los centros educativos, que contempla una evaluación previa de las necesidades de cada colegio e instituto y el despliegue de un calendario de actuaciones. Se pretende abordar problemas de altas temperaturas en verano y bajas en invierno, que se han ido agravando con los episodios de calor extremo.
Este paquete de cambios organizativos y de infraestructuras se irá concretando en futuras reuniones, en las que también está previsto abordar otras reivindicaciones como el teletrabajo o el modelo lingüístico. La Generalitat insiste en que la negociación sigue viva y que hay margen para seguir perfilando las medidas.
Inversión educativa y mensaje directo a las familias
En plena escalada de tensión por la huelga, la consellera de Educación, Mari Carmen Ortí, ha enviado una carta a las familias valencianas en la que defiende que el Gobierno autonómico está “trabajando para garantizar el derecho a la educación” de todo el alumnado. En la misiva, insiste en que ningún estudiante ni sus padres deben convertirse en “rehenes” de un conflicto sindical.
El mensaje de la Conselleria sostiene que gobernar implica también proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos, en referencia al alumnado de 2º de Bachillerato que se juega en estas fechas su acceso a la universidad. Desde el Ejecutivo se acusa a los convocantes de la huelga de poner en riesgo el futuro académico de miles de jóvenes.
Para respaldar su posición, la Generalitat recuerda que durante la actual legislatura se ha llevado a cabo una de las mayores inversiones educativas de los últimos años en la Comunitat Valenciana. Entre las actuaciones destacadas figura la incorporación de 8.000 nuevos docentes desde el curso 2023-2024, lo que ha permitido alcanzar una plantilla récord de 78.000 profesores.
Asimismo, el gobierno autonómico resalta la inyección de 160 millones de euros en 2025 a través del Plan Edificant, destinado a la modernización y mejora de infraestructuras educativas. Este programa persigue la renovación de centros, la adecuación de espacios y la creación de entornos más seguros y funcionales para el aprendizaje.
Otro de los ejes de esta inversión ha sido el refuerzo de la atención a la diversidad y la salud mental. Se han creado 22 Unidades de Detección Precoz con 56 psicólogos clínicos para atender el bienestar emocional del alumnado, se han incorporado 700 docentes de apoyo y se han puesto en marcha 82 nuevas unidades específicas para estudiantes con necesidades educativas especiales.
Con todos estos datos, la Generalitat trata de reforzar su mensaje público: la prioridad del Ejecutivo es mantener la calidad del sistema educativo y proteger el recorrido académico del alumnado, especialmente de quienes se encuentran en un curso tan decisivo como 2º de Bachillerato. Frente a ello, reclama a los sindicatos que su estrategia de presión no ponga en riesgo la evaluación ni el acceso a la EBAU.
El conflicto se mantiene abierto, con una huelga indefinida convocada y un proceso de negociación que aún tiene recorrido, pero con una línea roja clara fijada por el gobierno valenciano: blindar la evaluación de 2º de Bachillerato para asegurar que ningún estudiante vea comprometido su futuro universitario por un desacuerdo laboral entre administración y profesorado.
