Gobierno y sindicatos encaran el nuevo acuerdo salarial de los funcionarios
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha citado a CSIF, CCOO y UGT este miércoles para abordar el diseño de un nuevo marco retributivo para el personal público. La hoja de ruta que se debate contempla un acuerdo plurianual con una parte fija y otra variable que marcará las subidas de los próximos ejercicios.
En paralelo, las centrales piden cortar de raíz la congelación actual con una subida «diferenciada» para 2025, aplicable con efecto retroactivo desde el 1 de enero. De la cifra que ponga el Gobierno sobre la mesa y de los avances globales dependerá reactivar o no el calendario de movilizaciones y la huelga general prevista para diciembre.
Cuándo y quiénes negocian
Al encuentro acuden el equipo de Óscar López y la secretaria de Estado, Consuelo Sánchez, junto a las tres organizaciones sindicales más representativas. El proceso se ha ordenado por bloques de trabajo: empleo, salarios y medidas organizativas que impacten en la calidad de los servicios públicos.
Función Pública ha transmitido que su intención es combinar la mejora retributiva con cambios de gestión que faciliten el día a día del personal y de la ciudadanía. Este itinerario de reuniones llega tras la campaña de protestas de finales de octubre y la amenaza de huelga.
Qué propone el Gobierno
Sobre la mesa figura un pacto salarial trianual que abarcaría 2026, 2027 y 2028, con la estructura ya conocida de tramo fijo y cláusulas variables ligadas a indicadores como el IPC. Según trasladan las partes, el Ejecutivo se comprometió a presentar un porcentaje en la reunión de este miércoles.
El objetivo declarado del Ministerio es que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo y que, en la medida de lo posible, se incorpore una recuperación gradual de la capacidad de compra mermada en la última década.
Qué exigen los sindicatos
UGT y CCOO reclaman una subida por encima del IPC real para ganar terreno frente a la inflación. CSIF, además, pide actualizaciones automáticas cada año en línea con la evolución de los precios, con un plus adicional pactado, al estilo del esquema de revalorización de las pensiones.
Las tres organizaciones condicionan el fin de las protestas a que haya un avance real en cifras y calendario. Como recordatorio, las centrales sostienen que en lo que va de ciclo los empleados públicos han perdido poder adquisitivo notable (cifras sindicales lo sitúan en varios puntos) y denuncian que 2025 no puede cerrarse en subida cero.
Referencias del acuerdo anterior
El pacto 2022–2024 ya incluyó una parte fija y otra variable: en 2022, 2% fijo más 1,5% adicional; en 2023, 2,5% fijo más hasta 1% variable; y en 2024, 2% más un 0,5% extra. En conjunto, se aseguró un mínimo del 6,5% y se pudo llegar hasta el 9,5% en función de las cláusulas de revisión.
Aquella revalorización supuso un esfuerzo presupuestario próximo a 13.000 millones, acordado en plena escalada inflacionista. El anterior marco expiró al cierre de 2024 y desde entonces no se ha formalizado un reemplazo, de ahí la urgencia por definir la senda para este ciclo.
Inflación y posibles cifras
Las previsiones de Funcas sitúan el IPC medio de este año en torno al 2,6%, con escenarios para 2025 cercanos al 2,5% —algunas estimaciones suben al 2,8%—. Para 2026, el panel dibuja una inflación en el entorno del 2,1%, con horquillas que van del 1,6% al 2,4% según analistas.
Con esos números de referencia, en los sindicatos se da por hecho que la subida de 2025 debería colocarse por encima del 2,5%, a la que se añadiría un componente variable para recuperar poder de compra acumulado. CSIF cuantifica la merma desde 2010 en torno al 19% y, desde 2022, en casi el 6% con datos de IPC consolidados hasta octubre.
Más allá del sueldo: empleo y organización
En el bloque de empleo, Función Pública se abre a reemplazar progresivamente la tasa de reposición por un mecanismo de planificación de efectivos que permita dimensionar mejor las plantillas. Los sindicatos consideran el paso positivo, pero aún insuficiente para acabar con la temporalidad.
Las centrales piden además agilizar los procesos selectivos (que hoy pueden alargarse hasta tres años), reservar más plazas para promoción interna y reforzar ámbitos deficitarios. La Comisión Europea ha llegado a detraer fondos por el incumplimiento de objetivos de interinidad, que sigue rondando el 27% del empleo público.
También están sobre la mesa la jubilación parcial en la Administración, la actualización de complementos de residencia e insularidad y mejoras de salud laboral, con protocolos frente a agresiones y refuerzos en igualdad y no discriminación.
El Ministerio insiste en una negociación integral que impacte en los servicios y en las condiciones del personal, con voluntad de sellar un acuerdo cuanto antes y, sobre todo, de evitar otro año congelado en las nóminas públicas.
Qué puede pasar si no hay pacto
Las organizaciones ya han advertido de que el pulso social seguirá si no hay cifras y calendario claros. En el plano político, el propio Gobierno ha vinculado parte de la velocidad de la subida a la tramitación presupuestaria, algo que los sindicatos rechazan como «excusa» y a lo que oponen la necesidad de blindar salarios como se hace con el SMI o las pensiones.
En este contexto, la reunión de este miércoles es vista por todas las partes como un punto de inflexión: la presentación de una propuesta concreta para 2025 y la delimitación del marco 2026–2028 será clave para desbloquear la negociación, encauzar las otras reformas y desactivar la amenaza de huelga.
La vía negociada para un nuevo acuerdo salarial de funcionarios avanza con el foco en evitar pérdidas de poder adquisitivo en 2025, fijar un esquema estable a tres años con componentes fijos y variables y cerrar, junto a ello, cambios organizativos que reduzcan la temporalidad, aceleren la selección y mejoren la salud laboral; la magnitud de la cifra que proponga el Gobierno marcará el desenlace inmediato.
