El Gobierno de Canarias se ofrece a personarse si un juez investiga las oposiciones de la Policía Canaria
El Gobierno de Canarias ha dejado claro en el Parlamento regional que está dispuesto a personarse en un eventual procedimiento penal si un juzgado decide abrir causa por las presuntas irregularidades en las oposiciones en otras comunidades para cubrir 141 plazas de agente en la Policía Canaria. La polémica por este proceso selectivo, que afecta a unos 200 aspirantes, ha escalado del plano administrativo al político y ya está también en manos de la Fiscalía Anticorrupción, ante la que se han presentado denuncias por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha reiterado que su departamento no ha recibido por los cauces oficiales comunicación alguna sobre la apertura de diligencias judiciales, más allá de lo publicado en la prensa o trasladado por los afectados. No obstante, ha subrayado que, si finalmente se iniciara una causa penal, el Ejecutivo se considera parte directamente perjudicada y se personaría para defender la legalidad del procedimiento y la imagen de la Policía Canaria.
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El compromiso del Ejecutivo: personarse si hay causa penal
Durante una comparecencia en comisión parlamentaria, Barreto explicó que, a día de hoy, no existe constancia oficial en la Consejería de que un juzgado haya iniciado investigación sobre estas oposiciones. Ha precisado que el conocimiento de una causa judicial tiene que llegar “por las vías formales” y no únicamente a través de informaciones periodísticas o comunicaciones informales de los denunciantes.
Aun así, la titular de Seguridad insistió en que, si en algún momento se abriera un procedimiento penal, el Gobierno autonómico pasaría de ser mero gestor administrativo del proceso a personarse como parte agraviada. A su juicio, entre los principales perjudicados estarían, en primer lugar, los aspirantes que, tras superar fases del concurso-oposición, han quedado fuera a raíz de las decisiones del tribunal calificador y de la evolución del expediente.
La consejera señaló también que el propio Ejecutivo y su departamento se sienten “agraviados” por la situación. Por un lado, porque se ve afectada una de sus políticas consideradas estratégicas, el refuerzo de la plantilla de la Policía Canaria. Por otro, porque se proyecta una sombra de duda sobre un proceso que, defiende, se ha tramitado conforme a los requisitos legales.
En varias intervenciones, Barreto manifestó que el Gobierno hará “todo lo que esté en su mano” para depurar responsabilidades y despejar cualquier sospecha sobre el cumplimiento de la normativa que rige el acceso a la función pública. Al mismo tiempo, recordó que “en todas las oposiciones” se presentan recursos de los participantes y que estos se resuelven por las vías previstas en la legislación administrativa.
Las denuncias de los aspirantes: irregularidades, baremos y trato de favor
Los aspirantes que han acudido tanto a la vía administrativa como a la Fiscalía Anticorrupción sostienen que el proceso para acceder a las 141 plazas de la Policía Canaria presenta anomalías graves. Entre otras cuestiones, denuncian que no se habrían respetado las bases de la convocatoria y que se habría manipulado el sistema de baremación de méritos para beneficiar a determinados candidatos frente a otros.
Según su versión, el baremo se habría aplicado en contra de lo establecido en las propias reglas del concurso-oposición, alterando el peso de determinados méritos y generando diferencias de puntuación injustificadas. Consideran, además, que algunas decisiones del tribunal calificador han vulnerado el principio de igualdad entre los participantes y el de mérito y capacidad que deben regir cualquier procedimiento de acceso al empleo público.
Los denunciantes también ponen el foco en la imparcialidad de varios miembros del tribunal, a los que atribuyen posibles conflictos de interés. Sostienen que determinadas personas que formaban parte del órgano evaluador deberían haberse abstenido, bien por su relación previa con aspirantes o por haber realizado tareas de formación para quienes se presentaban a estas pruebas.
Otro aspecto cuestionado por los opositores es la externalización de los reconocimientos médicos a una empresa privada, una fase clave del proceso selectivo. A su entender, esta decisión podría haber incidido en la transparencia y en las garantías del procedimiento, especialmente si no se cuentan con criterios claros y homogéneos de valoración de la aptitud física y médica de los candidatos.
La suma de estos elementos ha llevado a los afectados a plantear no solo recursos administrativos ante la Consejería, sino también denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, donde han invocado posibles delitos como la prevaricación o el tráfico de influencias. La finalidad de este paso es que se esclarezca si, más allá de errores o discrepancias técnicas, se ha producido un manejo intencionado del proceso en beneficio de determinados participantes.
El papel de la Consejería y la independencia del tribunal
En el Parlamento, Barreto ha insistido en que la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad impulsa el proceso únicamente hasta el nombramiento del tribunal calificador. A partir de ese momento, según su explicación, el órgano de selección pasa a ser plenamente autónomo y asume la dirección de las pruebas, la baremación de méritos y la contestación de la mayoría de los recursos vinculados con las calificaciones.
La consejera ha defendido que esa independencia del tribunal está prevista en la normativa, precisamente para evitar que el poder político interfiera en la valoración técnica de los candidatos. Por ello, sostuvo, la labor del departamento se limita a supervisar que los trámites se ajustan a derecho y a resolver los recursos administrativos que llegan a la Administración, pero sin entrar a sustituir el criterio técnico del órgano evaluador.
En este contexto, Barreto recordó que se han presentado alrededor de setenta recursos en vía administrativa relacionados con el desarrollo de las oposiciones. Aseguró que todos ellos han sido contestados “argumentando jurídicamente” y que las resoluciones se han dictado tras recabar la información y documentación necesarias para valorar cada caso concreto.
No obstante, la propia comparecencia parlamentaria ha dejado constancia de que, en las fases más recientes del proceso, el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González Afonso, ha firmado resoluciones clave. En ellas, ha desestimado recusaciones planteadas contra el presidente del tribunal, lo que ha generado críticas por el supuesto “blindaje” a ese cargo pese a las dudas sobre su imparcialidad.
Desde la oposición se reprocha al Gobierno que intente aparecer ahora como “parte agraviada” mientras mantiene intacta la composición del tribunal y respalda con resoluciones casi idénticas al máximo responsable de la evaluación, incluso cuando se aportan nuevas pruebas en su contra. Este contraste entre el discurso político y la actuación administrativa es uno de los elementos que más tensan el debate.
Críticas de NC-BC y Vox: falta de investigación interna y dudas sobre el tribunal
Las explicaciones de la consejera no han convencido a los grupos de la oposición. La diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Carmen Hernández, calificó el asunto como “uno de los más delicados y más graves” que se le pueden atribuir a un Gobierno autonómico, tanto por la posible afectación a derechos fundamentales de los aspirantes como por el impacto en la imagen de la Policía Canaria.
Hernández reprochó a Barreto que intentara desvincularse del proceso, cuando la Consejería es la que impulsa el expediente, aprueba las bases, designa al tribunal y firma resoluciones en las fases finales. Recordó que no se trata de un procedimiento que “nazca del cielo”, sino de una convocatoria cuya responsabilidad política y jurídica recae, en última instancia, en el Gobierno de Canarias.
La diputada canarista preguntó de forma reiterada qué actuaciones concretas se habían llevado a cabo desde que la Consejería tuvo conocimiento de las denuncias, si se había solicitado un informe jurídico específico sobre la legalidad del proceso y si se había contemplado la suspensión temporal de las oposiciones hasta aclarar los hechos. Barreto evitó comprometerse con una paralización del procedimiento y defendió que las reclamaciones se están tramitando por las vías ordinarias.
Desde Vox, la portavoz adjunta Paula Jover centró su intervención en la necesidad de “pulcritud” en cualquier oposición pública y criticó con dureza que no se haya abierto, al menos, una investigación interna para contrastar la veracidad de las denuncias. A su entender, la Consejería ha dado demasiado peso a las explicaciones de los miembros del tribunal frente a las alegaciones de los aspirantes.
Jover reclamó que se estudien a fondo posibles expedientes de recusación de integrantes del tribunal, especialmente a la luz de las acusaciones que apuntan a que el presidente habría impartido formación en una academia vinculada a su entorno familiar. Para la diputada, no basta con que el propio recusado niegue los hechos, sino que se deben comprobar con rigor las pruebas aportadas, incluidos audios y mensajes que, según los denunciantes, se han presentado formalmente.
Las recusaciones al presidente del tribunal y el polémico audio de 70 minutos
El foco de buena parte de las críticas se sitúa en la figura de Ángel Nichel Acosta, inspector de la primera promoción de la Policía Canaria y presidente del tribunal de estas oposiciones. Varios aspirantes han planteado sucesivas recusaciones contra él, alegando que habría participado en actividades de formación de opositores en los años previos a la convocatoria, algo que, de confirmarse, podría obligarle a abstenerse.
Estas recusaciones han sido resueltas por el director general González Afonso, que en al menos dos ocasiones ha decidido mantener a Acosta al frente del tribunal. Llama la atención que las dos resoluciones, dictadas con semanas de diferencia, reproduzcan prácticamente palabra por palabra los mismos argumentos, incluso cuando en la segunda de ellas se incorporan pruebas nuevas aportadas por los denunciantes.
Entre ese nuevo material figura un audio de unos 70 minutos en el que se escucha al presidente del tribunal explicar a un grupo de aspirantes cómo abordar un supuesto práctico, una de las fases decisivas del proceso selectivo. Según los denunciantes, la grabación se remonta a principios de 2021, aproximadamente dos años antes de la convocatoria actual, y se entregó en formato físico (pendrive) junto a la segunda recusación, después de que en la primera no se pudiera aportar por limitaciones técnicas del registro electrónico.
A pesar de ello, el director general sostiene en una de sus resoluciones que la “ausencia de aportación” de esas grabaciones impide otorgarles valor probatorio, reduciéndolas a “meras afirmaciones no acreditadas”. Esta afirmación choca con otros pasajes del propio documento, en los que reconoce que el opositor adjuntó extractos de grabaciones de clases presuntamente impartidas por Acosta, y con el propio escrito de defensa del presidente del tribunal.
En su alegato, el inspector admite que se han adjuntado audios y mensajes, pero defiende que se trataron de “charlas de carácter informativo” para valorar la posibilidad de preparar opositores y que finalmente desistió de ese proyecto. También sostiene que el temario que llegó a elaborar entre 2018 y 2019 era un simple borrador que nunca se comercializó y que, en todo caso, tendría escasa relación con el contenido actual del proceso selectivo, que se habría visto modificado con el paso del tiempo.
Mensajes, pagos y dudas sobre la imparcialidad
Los aspirantes que firmaron las recusaciones no solo aportaron el audio. Acompañaron también mensajes de WhatsApp y publicaciones en redes sociales en los que, supuestamente, el propio Acosta anunciaba o difundía información sobre sesiones formativas para opositores, con indicación de precios, horarios y lugar de celebración en una academia privada vinculada a su entorno familiar.
En esos mensajes se explicaba, según los denunciantes, que las clases tendrían una duración de alrededor de una hora y cuarto, que se impartirían en varias franjas horarias los sábados y que el coste por sesión sería de unos diez euros. En las comunicaciones se facilitaba un número de teléfono personal del inspector para confirmar asistencia, y algunos testimonios apuntan a que los pagos se realizaban mediante sistemas de transferencia instantánea como Bizum.
También se habrían incorporado capturas de anuncios en redes en los que se promocionaba un posible temario elaborado por Acosta. Frente a todo ello, el presidente del tribunal insiste en que nunca ha realizado de forma continuada ni ocasional actividades de preparación para opositores y niega haber proporcionado información privilegiada o material que pudiera otorgar ventaja competitiva a determinados candidatos frente a otros.
El Gobierno de Canarias, a través de las resoluciones firmadas por el director general competente, ha vuelto a dar por buenas estas explicaciones y ha considerado que las pruebas aportadas por los denunciantes no son suficientes para romper la presunción de imparcialidad de un miembro del tribunal. Entre otras cosas, se remite a la ausencia de contratos, justificantes de pago o declaraciones de alumnos que prueben de forma concluyente una relación de preparación sistemática de opositores.
La consecuencia práctica de estas decisiones es el mantenimiento de Acosta al frente del tribunal y el levantamiento de la suspensión del procedimiento que se había acordado mientras se resolvía alguna de las recusaciones. Esta continuidad, a juicio de los críticos, contribuye a agravar la sensación de falta de limpieza en el proceso y alimenta las peticiones de que se revise a fondo todo el expediente.
Impacto en la imagen de la Policía Canaria y tensión política
La controversia ha desbordado el ámbito técnico y ya se ha instalado de lleno en el debate político. Desde Nueva Canarias y Vox se alerta de que estas oposiciones pueden dañar seriamente la reputación de la Policía Canaria, un cuerpo relativamente joven que el Ejecutivo quiere reforzar como pieza clave de su estrategia de seguridad pública en las islas.
La diputada Carmen Hernández subrayó que no solo están en juego los derechos de los aspirantes, sino también la percepción de la ciudadanía sobre la limpieza y transparencia de los procesos de acceso a las fuerzas policiales. A su juicio, si se confirma que alguien ha podido acceder de manera irregular, el daño a la credibilidad del cuerpo sería considerable y de difícil reparación.
Por su parte, Paula Jover insistió en que las oposiciones a un cuerpo policial deben ser especialmente escrupulosas, porque se trata de seleccionar a quienes, en el futuro, ejercerán funciones directamente vinculadas con la protección de derechos y libertades. De ahí que reclamara con reiteración una investigación a fondo de todas las pruebas aportadas por los aspirantes y la apertura de expedientes disciplinarios si se detectan responsabilidades.
En el Gobierno, sin embargo, se mantiene la línea de que la actuación administrativa se ha ajustado a la normativa vigente. Barreto reiteró que todos los recursos y alegaciones siguen un procedimiento tasado, en el que se recaba información, se contrasta con el tribunal y se adoptan decisiones motivadas. Afirmó que cualquier investigación penal corresponde a los tribunales y que la Administración autonómica no puede invadir ese ámbito.
La situación genera un escenario de tensión en el Parlamento canario, donde la oposición anuncia que continuará registrando preguntas y peticiones de información para hacer seguimiento de un proceso que consideran emblemático sobre cómo se gestionan las oposiciones en la Administración autonómica. Mientras tanto, los aspirantes pendientes de la resolución final siguen a la espera de que se despejen las incógnitas que planean sobre el concurso-oposición.
En este contexto tan enrarecido, el futuro de las 141 plazas de agente de la Policía Canaria permanece bajo el foco público, con un Gobierno que defiende la legalidad del procedimiento pero se muestra dispuesto a personarse como parte perjudicada si un juzgado abre causa penal, una oposición que exige mayores garantías de transparencia y depuración de responsabilidades, y cientos de aspirantes que reclaman que su esfuerzo se valore en un proceso que, cuanto antes, deje atrás las dudas y recupere la confianza ciudadana.
