Castilla-La Mancha aprueba 3.804 plazas en su nueva oferta de empleo público
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a una nueva Oferta de Empleo Público con 3.804 plazas, correspondiente al ejercicio 2025/2026, destinada a reforzar las plantillas de los servicios públicos autonómicos. La medida afecta a los principales ámbitos de la Administración regional: sanidad, educación y Administración General, y busca consolidar empleo estable en sectores clave para la ciudadanía.
Según ha detallado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, la propuesta ha sido negociada en la Mesa General de Negociación del personal empleado público y en las mesas sectoriales, contando con el apoyo mayoritario de las organizaciones sindicales. El objetivo del Ejecutivo autonómico es continuar con la estrategia de refuerzo de servicios esenciales y reducción de la temporalidad en el empleo público.
Distribución de las 3.804 plazas por sectores
Del total de la OEP, 1.591 plazas se destinan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), lo que representa aproximadamente el 41,8 % de todas las vacantes aprobadas. Dentro de este bloque, 1.033 plazas corresponden a personal sanitario y 558 plazas al área de gestión y servicios, reforzando tanto la atención directa como las tareas de apoyo administrativo y logístico en el sistema sanitario regional.
El ámbito educativo contará con 910 plazas, asociadas a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dentro de esta oferta para la enseñanza no universitaria se incluyen 575 plazas para el profesorado de enseñanza secundaria, 321 plazas del cuerpo de maestros y 14 plazas para inspección educativa, con la intención de consolidar plantillas docentes y mejorar la atención en las aulas de la comunidad autónoma.
El resto de plazas, un total de 1.303 vacantes para la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se reparten entre 827 puestos de personal funcionario y 476 plazas de personal laboral. Con este refuerzo, el Gobierno regional aspira a asegurar un funcionamiento más ágil de los servicios administrativos y una mejor atención a la ciudadanía en todas las consejerías y organismos dependientes.
La aprobación de esta oferta ha sido presentada públicamente en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia, donde Ruiz Molina ha remarcado que la planificación responde a las necesidades detectadas en los distintos departamentos y a los compromisos asumidos por el presidente regional, Emiliano García-Page, en el último Debate sobre el Estado de la Región.
Límites legales, tasa de reposición y estabilización del empleo
Para fijar el número definitivo de plazas, la Junta ha agotado todos los márgenes que permite la legislación básica del Estado, tomando como referencia la Ley de Presupuestos Generales del Estado aún vigente. Se ha utilizado la tasa de reposición de efectivos incrementada en un 20 %, lo que ha permitido cubrir las bajas producidas en la plantilla y al mismo tiempo avanzar en la consolidación de puestos estructurales.
Además, la oferta incorpora plazas ligadas a la estabilización del empleo temporal, en línea con la Ley 20/2021, que obliga a las administraciones públicas a reducir la temporalidad estructural. De esta forma, parte de las vacantes responden a la necesidad de transformar puestos ocupados durante años por personal interino en plazas fijas, reduciendo así la precariedad en el empleo público autonómico.
Ruiz Molina ha subrayado que esta nueva OEP da continuidad al Plan de Impulso de los Servicios Públicos, puesto en marcha en 2016. Sumando las convocatorias anteriores, el Ejecutivo autonómico habrá aprobado alrededor de 34.500 plazas desde ese año, con una media que ronda las 3.500 plazas anuales, situando a Castilla-La Mancha entre las comunidades con una política más activa de refuerzo de sus plantillas.
El consejero ha insistido en que este esfuerzo prolongado en el tiempo ha permitido blindar las plantillas y reducir la tasa de temporalidad en la Administración regional hasta situarla entre las más bajas del conjunto de administraciones públicas en España. Esta estabilización, ha señalado, repercute directamente en la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía, tanto en sanidad como en educación y atención administrativa.
Turno libre, promoción interna y sistema de acceso
Dentro de las 3.804 plazas autorizadas, la gran mayoría se corresponde con turno libre. En concreto, la OEP contempla alrededor de 3.358 plazas de acceso libre, lo que supone en torno al 88 % del total, abiertas a cualquier persona que cumpla los requisitos específicos de cada convocatoria, ya sea en sanidad, educación o Administración General.
El resto de puestos, 446 plazas, se reservan a procesos de promoción interna, diseñados para que el personal que ya trabaja en la Junta de Comunidades pueda progresar profesionalmente y acceder a cuerpos o categorías superiores. Con ello se busca favorecer la carrera profesional del personal empleado público y aprovechar la experiencia acumulada en los distintos servicios y unidades.
La Junta ha anunciado que todas las plazas se convocarán por el sistema de concurso-oposición, el más habitual en las administraciones públicas españolas. Este modelo combina una fase de examen u oposiciones con una fase de concurso de méritos, en la que se valoran, entre otros aspectos, la experiencia previa, la formación específica o la participación en actividades de perfeccionamiento profesional.
En cuanto al calendario orientativo, el Ejecutivo regional ha avanzado que en el ámbito de la Administración General la previsión es convocar los procesos selectivos derivados de esta OEP hacia los meses de noviembre y diciembre. Por su parte, en el SESCAM, los exámenes de las ofertas de 2023 y 2024 arrancarán en febrero, y las plazas relacionadas con la oferta aprobada para el año que viene se espera que se convoquen durante el último trimestre de 2026, de forma escalonada.
Reserva del 7 % para personas con discapacidad
Uno de los apartados que el Gobierno regional ha querido destacar es el relativo a la reserva de plazas para personas con discapacidad. La OEP mantiene el porcentaje habitual en Castilla-La Mancha, de un 7 % del total de puestos, lo que supone 241 plazas reservadas para este colectivo dentro de las 3.804 previstas.
De ese 7 %, un 5 % se dirige a personas con discapacidad general, lo que se traduce en 180 plazas distribuidas entre los tres grandes bloques: 69 plazas en el SESCAM, 46 plazas en Educación y 65 plazas en la Administración General. El objetivo es garantizar que la reserva tenga impacto en todos los sectores de la Administración autonómica.
El 2 % restante del cupo, es decir, 61 plazas, está reservado a personas con discapacidad intelectual. Estas vacantes se reparten en 21 plazas para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 19 para personal docente y 21 para Administración General. En este caso, los procesos selectivos se llevarán a cabo a través de convocatorias diferenciadas, con pruebas y temarios adaptados a las características del colectivo.
Ruiz Molina ha recordado que, para poder aplicar este modelo, Castilla-La Mancha modificó en 2019 su Ley de Empleo Público, con la finalidad de facilitar el acceso a la función pública de las personas con discapacidad intelectual. Con este cambio normativo, se apostó por procesos específicos, buscando no solo el cumplimiento formal de las cuotas legales, sino una incorporación efectiva y estable a los distintos puestos de trabajo.
Según el Ejecutivo autonómico, estas reservas de plazas, sumadas a las más de 30.000 vacantes aprobadas desde 2015, forman parte de una estrategia más amplia destinada a reducir la temporalidad, blindar las plantillas y mejorar la calidad de los servicios públicos. El Gobierno regional sostiene que una administración con empleo estable y diverso ofrece una atención más cercana y eficaz a la ciudadanía.
Con la aprobación de esta nueva Oferta de Empleo Público, Castilla-La Mancha consolida una línea de actuación continuada en el refuerzo de sus servicios esenciales, apostando por plantillas más amplias, estables e inclusivas. La combinación de plazas de turno libre, oportunidades de promoción interna y una reserva significativa para personas con discapacidad muestra la intención de la Junta de equilibrar el acceso a la función pública con la mejora de la organización interna y la calidad del servicio que se presta en sanidad, educación y Administración General en toda la región.
