ATENCIÓN ESPECIALIZADA CON MUJERES EN PROSTITUCIÓN
Esther Teigell Muñoz
Resumen
Este artículo trata de reflexionar sobre la consideración de la prostitución en cuanto a problemática social, las dificultades en la intervención con mujeres víctimas del sistema prostitucional, comprendiendo en profundidad su realidad, y cómo el desarrollo de una metodología específica podría mejorar sus posibilidades de integración y su percepción del sistema de protección.
¿Por qué no existe una metodología específica para trabajar con mujeres en prostitución? La atención especializada a víctimas de violencia de género y la Atención Centrada en la Person (ACP), podrían ser una opción efectiva y respetuosa.
INTRODUCCIÓN
La violencia contra las mujeres sigue siendo una cuestión a debate, a pesar de que es innegable que sucede. En la actualidad contamos con múltiples herramientas de prevención, intervención y penalización para combatirla, y a pesar de todo, la violencia sigue sin desaparecer y se siguen contabilizando muchas víctimas, identificadas o no.
Entre las víctimas de violencia sexual no contabilizadas por el sistema, encontramos a las mujeres en prostitución (MeP). La mayoría de las profesionales que trabajamos en contextos prostitucionales no tenemos ninguna duda de que las MeP son víctimas de violencia de género, sin embargo, nuestra legislación no recoge claramente esta realidad como violencia contra las mujeres ¿Qué sucede con la prostitución?
Veamos algunas definiciones de violencia contra las mujeres:
Según Romero (2010), “la violencia contra las mujeres es una expresión del poder y dominio de hombres sobre mujeres, fruto de la estructura social patriarcal que asigna roles de desigual valor a hombres y mujeres, y que se traducen en determinados estereotipos”.
El Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU (1993) recoge que la violencia contra la mujer es: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”
“Un fenómeno social que se ha presentado históricamente, el cual surge bajo estructuras de desigualdad entre el género masculino y femenino” (Moreno et al., 2019).
Observando las definiciones anteriores, parece evidente que la prostitución se encontraría implícitamente en cada una de ellas.
La prostitución es un fenómeno complejo que debe ser analizado desde una perspectiva de género, de raza, clase y de derechos humanos. Independientemente de la consideración conceptual y el posicionamiento que se tenga ante ella, es innegable que impacta y condiciona profundamente la realidad de las personas (mayoritariamente mujeres) que están inmersas en ella, y por este motivo lleva siendo objeto de intervención en el trabajo social desde el origen de la profesión.
En palabras de Rosa Cobo, “La prostitución es una institución global que crece en la intersección simbólica y material del sistema patriarcal y del capitalismo neoliberal. Esta institución es uno de los núcleos, junto a la familia patriarcal, sobre los que se han edificado las sociedades patriarcales. Carole Pateman (1995) explica que en ambas instituciones se encarna el reparto de mujeres sobre el que se ha edificado el patriarcado y que garantiza el acceso sexual masculino al cuerpo de las mujeres. […] el dominio masculino ha construido un relato hegemónico sobre la prostitución en el que se niega su carácter sociohistórico y es presentada como una construcción natural. El objetivo es que la sociedad asuma la prostitución como algo inevitable, como parte de un orden natural de las cosas imposible de erradicar. Este relato es, precisamente, su principal y primera fuente de legitimación” (Cobo, 2019).
No cabe duda de que la prostitución nos atraviesa profundamente a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. En el caso de las MeP, tiene un impacto claro en su salud física y emocional.
Los problemas de salud mental relacionados con la prostitución están mucho menos documentados que los relacionados con la salud física. Según un estudio de Médicos del Mundo, “se relacionan con la situación de prostitución en las dos direcciones: como causa, y como consecuencia. En muchos casos, la similitud entre los problemas de salud mental de las MeP y de las mujeres víctimas de violencia de género es muy grande, dando mayor validez a la petición de muchas organizaciones y actores sociales de incluir a la prostitución como una forma más de violencia machista, permitiendo así, que las MeP puedan acceder a los recursos específicos disponibles para estas situaciones”. “Entre los malestares emocionales que las mujeres reconocen, se encuentran las distintas manifestaciones en las propias palabras de las titulares de derechos: Ansiedad y dificultades para relajarse, problemas frecuentes de memoria, dificultades para concentrarse en tareas cotidianas, tristeza, ganas de llorar, apatía, miedo constante, asco, pensamientos recurrentes e intrusivos, pérdida de autoconcepto y autoestima, dificultad para establecer relaciones de confianza e intimidad.” “El motivo que las lleva a iniciarse en esta práctica y el deseo de salir de ella son variables a las que hacen referencia los estudios de depresión y trastorno de estrés postraumático (Krumei-Mancuso, 2016). La sintomatología disociativa es también frecuente” (MdM Canarias, 2020).
Entonces, ¿por qué no se ha desarrollado, ni se aplica, una metodología específica para la intervención?
En varias publicaciones se propone la teoría de que el trabajo social ha abordado la prostitución desde una intervención moralista y asistencialista. El artículo de Barrera Castellanos nombra a Barahona y Wahal para argumentar lo anterior: “La prostitución y el Trabajo Social tienen una relación estrecha. Por un lado, la primera ha sido vista bajo imaginarios sociales que la instituyeron como un acto denigrante, marginal realizado por una mujer carente y subyugada a una violencia estructural de tipo patriarcal (Barahona, 2015). Mientras que el segundo, desde su génesis, centró su accionar en la asistencia de las personas menos afortunadas, entre ellas, mujeres que eran vistas como víctimas pecaminosas que debían ser salvadas de contextos de comercialización sexual (Wahab, 2002). […] “De allí que el Trabajo Social como profesión-disciplina, cuyo accionar se centraría en comprender y establecer marcos de acción sobre problemas y fenómenos sociales, fuera altamente influenciado por una visión; en primer lugar, abolicionista (Wahab, 2002)” (Barrera-Castellanos, 2020).
Si estas afirmaciones fueran ciertas, si el trabajo social hubiera abordado la intervención con MeP como si solo fueran víctimas de violencia de género, no habría cuestión. Serían atendidas como tal, habría dispositivos específicos de protección para ellas, de recuperación y reintegración, pero no es el caso.
No deja de ser curiosa la comprobación de cómo hay consenso en la consideración para definir de violencia contra las mujeres, y no lo hay en la consideración de la prostitución. La cuestión es ¿por qué? ¿Qué está operando en la percepción de una y de otra? ¿La famosa “libre elección” no sucede en ambas situaciones? ¿Por qué unas mujeres pueden ser consideradas víctimas a pesar de haber “elegido” como pareja a un maltratador, y las otras no pueden serlo por haber “elegido” sobrevivir económicamente con la prostitución?
“En la prostitución se confirma el núcleo de la ideología patriarcal, las mujeres son para otros y no para sí mismas: dar sexo, cuidados, amor, sacrificios, úteros de alquiler o trabajo doméstico gratuito, pero siempre para otros (Cobo 2017, p. 25)”. (Salazar-Benítez, 2019).
Parece que la línea que separa la prostitución de una relación de violencia de género es complicada de distinguir en lo conceptual, pero está muy clara en la consideración social y legal.
Este podría ser uno de los motivos por los que la atención que se ofrece a las MeP, y que reciben del sistema de protección, no suele ser adecuada. No lo es porque no hay mecanismos de protección específicos, no hay apenas literatura sobre cómo intervenir ni acompañar, en comparación con la intervención especializada a víctimas de violencia sexual y víctimas de violencia por parte de parejas y exparejas. Y hay abismos en cuanto a la literatura sobre el marco teórico en la intervención con otros colectivos.
Uno de los motivos principales que se argumenta desde los posicionamientos no abolicionistas es el problema del estigma sobre las personas en prostitución. De cómo la sociedad las considera, juzga y mira, y que ese estigma es el principal condicionante de su malestar y de la dificultad de aceptación de la prostitución como profesión.
“Este estigma oprime de tal manera a quienes trabajan en la industria del sexo, que numerosos estudios lo consideran el principal factor de exclusión social que sufren estas personas. […] el estigma de la prostitución representa una valoración muy negativa de la actividad en sí, la cual, al margen de la forma en que las trabajadoras vivan su experiencia en este sector y de las estrategias que desarrollen para superar los momentos difíciles, provoca fuertes sentimientos de culpabilidad y autoincriminación (Petherson, 1989).” (Mingorance-Rosa, 2015). Quienes defienden estas teorías, consideran que “El estigma hace daño: Siguiendo a Dolores Juliano (2002), el estigma: En muchos casos es, dentro del ejercicio de la prostitución, el elemento que genera mayor sufrimiento y más difícil de superar porque perdura en el tiempo, aún después de haber abandonado la actividad” (Juliano, 2002). La prostitución: el espejo oscuro. Icaria)
Sin embargo, ¿qué hace realmente daño, la consideración social de “puta” o la consideración social de “víctima”? ¿Reivindicar la prostitución como trabajo es una solución mejor para la eliminación del estigma, que reivindicar que las víctimas no tienen que cumplir con unos estándares de víctimas, no tienen que ser “víctimas perfectas” para ser víctimas?
¿El empeño por des-violentizarla, no supone también un estigma?
Como decíamos al principio, la realidad de la prostitución forma parte de la estructura social y traspasa a todas las mujeres, también a los hombres. Pero quizás estaría bien no perder de vista que la mayor parte de las trabajadoras sociales somos mujeres, y que abordar una realidad generalmente desconocida y cuya mera existencia nos atraviesa personalmente y nos coloca en el escenario social (mujeres buenas y malas), puede afectar a la intervención, especialmente cuando no se trata de intervención especializada.
Todas y todos las/os profesionales de lo social, sabemos que nuestras intervenciones se ven atravesadas por la opinión, el tabú, el prejuicio como el de la víctima perfecta. Es algo incontrolable en el trabajo con personas desarrollado por personas. Debemos convivir con ello, y esforzarnos en hacer un ejercicio de autopercepción para que su impacto sea el menor posible.
En mis años de experiencia como profesional especializada en atención a MeP en una entidad del tercer sector, me he encontrado situaciones tales como: profesionales que solicitan mi intervención para que yo sea quien haga “la pregunta” a una mujer de la que hay sospechas que está en prostitución, normalizar la prostitución durante la entrevista con frases como “no pasa nada, no te juzgo, es una trabajo más” sin tener información previa de cómo está impactando en la mujer la prostitución, o cuál ha sido su recorrido (puede haber sido tratada o explotada sexualmente). O una resistencia generalizada a ampliar información/conocimiento sobre la realidad de la prostitución o sobre la detección de VT o explotación sexual, porque hay mucha falsa sensación de conocimiento, cuando lo que de verdad hay es desconocimiento e ideas preconcebidas.
Todo lo anterior dificulta profundamente que las MeP se sientan protegidas por el sistema y construyan algún tipo de vínculo con profesionales no especializados. Y lo más grave, dificulta sus posibilidades de integración.
CONCLUSIÓN
Parece necesario el desarrollo de una estrategia de abordaje que aporte seguridad a las profesionales y que sea respetuoso con las mujeres.
La mayoría de las MeP, a pesar de lo que popularmente se cree, y de lo que algunas posiciones defienden, se encuentran permanentemente a expensas de las decisiones de otros. Sus horarios de sueño, alimento, autocuidado, estudio o conciliación, dependen de la voluntad de quienes se enriquecen con ellas, o de quienes las utilizan. Cuando llegan a pedir ayuda, tienen muy interiorizada la sensación de ausencia de control de su vida y su salud.
Por este motivo, es clave que, en la medida de lo posible, en la intervención profesional se respeten los tiempos y las decisiones, se haga un especial esfuerzo en evitar la tutorización de la persona porque esto supondría una clara revictimización de la mujer.
Ya existen metodologías que podrían ser aplicadas en estos casos, La Atención Centrada en la Persona (ACP), podría ser una herramienta terapéutica por sí misma. El uso adecuado de la ACP incorpora la necesidad de obviar el famoso “estigma” y comunicarse con la mujer adulta con la que estamos trabajando.
La ACP es de amplia aplicación en personas con diversidad funcional, personas con problemas de salud mental y personas mayores. Sin embargo, resulta que todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad son susceptibles de ser tutorizadas e infantilizadas. Es más, me aventuro a decir que una persona mayor, o una persona con diversidad funcional, podrían ser susceptibles de menor tutorización en algunos casos, ya que no tienen “responsabilidad directa” sobre la vulnerabilidad que les afecta.
Como recoge Teresa Martínez en su web en relación a la ACP: Las principales aportaciones del enfoque humanista son: el interés por centrarse en la persona y en el significado que ésta otorga a su propia experiencia; la dignidad de la persona como valor central; la atención a las características específicamente humanas como la capacidad de decidir, la creatividad o la necesidad de autorrealización; el interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona; e idea de la persona tanto en relación a cómo se descubre a sí misma, como en su interdependencia con los otros (individuos y grupos)”. (Martínez, s.f.)
La ACP, adaptada a la realidad de las MeP y de las víctimas de violencia de género, podría ser la metodología indicada que sustente la intervención, ya que parece que sería la que mejor permitiría dejar aún lado las consideraciones ideológicas, las ideas preconcebidas, y el impacto personal que nos supone a las mujeres trabajar con mujeres violentadas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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