La justicia frena la concertación del Bachillerato en Aragón por haberse aprobado con un Gobierno en funciones
El panorama educativo aragonés ha dado un vuelco inesperado esta semana tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La sala de lo Contencioso Administrativo ha decidido aceptar las medidas cautelares solicitadas por diversas entidades, lo que supone un frenazo en seco a la financiación pública de las aulas de Bachillerato en centros privados. Esta decisión llega tras meses de tensión entre la administración actual y los colectivos que defienden la enseñanza pública, quienes ven en este auto un respaldo a sus reivindicaciones históricas.
La controversia no es moco de pavo, ya que afecta directamente a la planificación del próximo curso académico y a las expectativas de miles de familias. El tribunal ha puesto el foco en que la orden original se firmó cuando el ejecutivo regional se encontraba todavía en una etapa de interinidad, lo que pone en duda la legitimidad para adoptar compromisos económicos de tal envergadura a largo plazo. De esta forma, la medida que pretendía extender los conciertos a una etapa no obligatoria queda en el aire hasta que se resuelva el fondo del asunto en los tribunales.
Un defecto de forma con grandes consecuencias económicas
El argumento jurídico que ha pesado más en la balanza de los magistrados tiene que ver con la limitación de funciones de un gobierno saliente. Según dicta el auto, un gabinete que no ha sido plenamente constituido tras unas elecciones no debería hipotecar las arcas públicas con convenios que se extienden hasta el curso 2030-2031. Al parecer, la urgencia de la medida no ha quedado suficientemente acreditada, lo que rompe la presunción de validez que suelen tener estas normas administrativas en condiciones normales.
En términos monetarios, estamos hablando de una partida que asciende a los 56,7 millones de euros, una cifra que los colectivos demandantes consideraban un trasvase injustificado hacia la red privada. La justicia también ha tenido el detalle de eximir a las 17 entidades recurrentes de pagar la fianza de 8 millones que exigía la patronal de la concertada, considerando que tal cantidad sería un obstáculo insalvable para la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y sindicatos implicados.
Desde el edificio del Pignatelli, la respuesta oficial se está haciendo de rogar mientras los expertos legales desmenuzan cada línea del auto. Aunque el Gobierno de Aragón había dado luz verde a la financiación hace apenas unas horas, este varapalo judicial les obliga a replantearse su estrategia educativa inmediata. Por ahora, se limitan a señalar que estudiarán a fondo la resolución antes de mover ficha, aunque tienen un plazo de cinco días si deciden interponer un recurso ante la misma sala.
Satisfacción en la escuela pública y voces discordantes
Para las asociaciones de padres y sindicatos como Fapar o ANPE, esta noticia es como agua de mayo tras las huelgas y manifestaciones que llenaron las calles de Zaragoza. Argumentan que, habiendo más de dos mil plazas vacantes en los institutos públicos para Bachillerato, no tenía sentido financiar plazas en centros privados bajo el pretexto de la demanda social. Consideran que lo prioritario debe ser reforzar las plantillas y mejorar las instalaciones de la red pública antes de desviar fondos a otras vías.
No obstante, el fallo no ha sido unánime, ya que ha contado con el voto particular de uno de los magistrados. Este juez sostiene que la suspensión no era estrictamente necesaria, ya que los conciertos pueden modificarse a lo largo de sus seis años de vigencia sin causar un daño irreversible. Esta discrepancia interna refleja lo complejo que resulta equilibrar la libertad de elección de las familias con la gestión eficiente de los recursos públicos en una comunidad tan diversa como la aragonesa.
La situación actual deja un escenario de incertidumbre para los centros que ya contaban con ese respaldo económico para el próximo curso. El auto deja claro que, aunque la concertación es una competencia autonómica legítima, el procedimiento elegido esta vez ha flaqueado en su base jurídica. Habrá que ver si el ejecutivo consigue reconducir la situación o si este parón temporal se convierte en definitivo, marcando un antes y un después en la política educativa de la región y sentando un precedente importante sobre lo que puede o no hacer un gobierno mientras está en funciones.
