El TSJC reclama oposiciones extraordinarias para cubrir la falta de jueces
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha puesto sobre la mesa una de las grandes asignaturas pendientes de la Justicia en España: la falta de jueces y la dificultad para cubrir las plazas que se van creando. En un contexto de cambios organizativos y aumento de la carga de trabajo, la magistrada ha pedido medidas excepcionales para evitar que los nuevos órganos judiciales se queden, literalmente, sin quien los ocupe.
En el balance de su primer año al frente del alto tribunal catalán, Caso ha reclamado al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impulsen oposiciones extraordinarias para el acceso a la carrera judicial para opositores judiciales, tanto por el turno libre tradicional como por el conocido como cuarto turno, reservado a juristas de reconocido prestigio. Sin esa vía extraordinaria, advierte, Catalunya y el conjunto del Estado se arriesgan a tener «sillas, pero no jueces».
TSJC reclama oposiciones extraordinarias de jueces para afrontar el déficit
La máxima responsable del TSJC ha sido clara: con la oferta ordinaria de plazas no se llega. Cada promoción de la Escuela Judicial suele rondar, de media, entre 120 y 150 nuevos jueces para toda España, una cifra que, a su juicio, queda muy corta frente a las necesidades actuales. Solo en Catalunya, el Gobierno central se ha comprometido a crear 90 nuevas plazas judiciales en 2026 y alrededor de 40 más en 2027, dentro de un plan más amplio que prevé medio millar de nuevas plazas en todo el país en dos años.
El problema es que esas plazas futuras se suman a las que ya están sin cubrir, incluidas diversas plazas para concurso-oposición. En la actualidad, Catalunya dispone de 871 plazas judiciales, de las que 132 están vacantes, aproximadamente un 15 % de la planta. A esas vacantes estructurales hay que añadir las ausencias temporales por bajas médicas o por permisos de maternidad y paternidad, muy frecuentes entre los nuevos jueces, dado que muchas plazas se asignan a promociones jóvenes que se encuentran en plena etapa de crianza.
Ante este panorama, Caso considera que, sin convocatorias extraordinarias de oposiciones y refuerzo del cuarto turno, será imposible llenar las sillas ya existentes, cubrir la tasa de reposición de quienes se jubilan o se trasladan y, además, ocupar las plazas que se quieren crear tanto en Catalunya como en el resto del Estado. De ahí su advertencia: si no se actúa con rapidez, la reforma de la Justicia corre el riesgo de quedarse a medias por pura falta de personal.
Alta movilidad, pocas vocaciones y necesidad de incentivos para quedarse en Catalunya
Uno de los elementos que más preocupa a la presidenta del TSJC es la elevada movilidad de la planta judicial en Catalunya. Desde hace años, muchas de las personas que aprueban la oposición eligen esta comunidad como primer destino porque aquí se han creado numerosas plazas y se facilita su incorporación inicial. Sin embargo, una vez transcurrido el año obligatorio, buena parte solicita traslado a sus territorios de origen o a lugares donde el coste de la vida resulta más asequible.
Este movimiento constante hace que el déficit de jueces en Catalunya sea prácticamente crónico. Además, se suma el hecho de que históricamente ha habido menos tradición de opositar a la carrera judicial entre los licenciados y graduados catalanes (pocas vocaciones), lo que reduce el número de aspirantes locales que quieran desarrollar su trayectoria en los juzgados de la comunidad.
Frente a esta situación, Caso se ha mostrado partidaria de que la Generalitat avance en la creación de complementos retributivos o incentivos económicos para quienes decidan permanecer en Catalunya de forma estable. La Conselleria de Justícia estudia fórmulas para hacer más atractivos estos destinos, y la presidenta del TSJC respalda la idea como una herramienta útil para retener talento judicial y reducir la rotación constante en los órganos de la comunidad.
Impacto de la nueva organización judicial y falta de personal de apoyo
El despliegue de la nueva organización judicial derivada de la ley de eficiencia, que entró en vigor recientemente, ha traído cambios importantes en todo el territorio. La creación de tribunales de instancia y la progresiva desaparición de los juzgados unipersonales supone un giro de modelo que, según Caso, tiene potencial para mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.
Pese a valorar positivamente la reforma y considerar que puede ser beneficiosa a medio plazo, la presidenta del TSJC admite que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. De momento, lo que sí ha dejado al descubierto es la falta de recursos humanos en muchos de los nuevos servicios comunes y unidades de apoyo, donde la carencia de personal se nota especialmente en Catalunya.
En este punto, la magistrada ha subrayado que no solo faltan jueces. También es necesaria una ampliación significativa de las plantillas de funcionarios judiciales, incluidos puestos de auxilio judicial, que dependen de la administración autonómica. Caso ha trasladado esta reivindicación al Govern y asegura contar con receptividad por parte de la Generalitat, que ha anunciado refuerzos de personal para acompañar el crecimiento del sistema judicial.
Además, la presidenta del TSJC insiste en la necesidad de acelerar la digitalización de la jurisdicción penal. A su juicio, la modernización tecnológica de los juzgados penales todavía va con retraso respecto a otros ámbitos y limita la capacidad de dar respuestas más ágiles, algo clave cuando la carga de trabajo aumenta y los recursos son escasos.
Plan de choque y juicios rápidos: más sentencias, pero se necesitan plazas
Una de las pocas áreas donde ya se aprecia claramente una mejora es la de los juicios rápidos por delitos menos graves, como robos con intimidación y otras infracciones penales castigadas con penas inferiores a cinco años de prisión. Gracias al plan de choque contra la multirreincidencia impulsado por el Ministerio de Justicia en colaboración con la Conselleria de Justícia, se han reforzado los órganos encargados de este tipo de procedimientos.
En Barcelona y su entorno se han dedicado jueces adicionales a la celebración de juicios rápidos: junto a los juzgados penales ordinarios se han incorporado magistrados de refuerzo, algunos de forma exclusiva y otros en comisión de servicio, combinando esta función con su destino habitual. Este dispositivo ha permitido incrementar de forma notable el número de señalamientos y reducir los tiempos de espera.
Entre mayo de 2025 y la actualidad se han dictado en Catalunya alrededor de 9.000 sentencias en juicios rápidos, de las cuales una parte importante proceden de estos refuerzos. El plazo medio para celebrar estos juicios ha pasado de cerca de año y medio a un intervalo que va, en general, de los seis meses a un año. En la ciudad de Barcelona se llegan a celebrar hasta 200 juicios rápidos al día, una cifra que da una idea de la presión que soportan los órganos penales.
También se ha potenciado el servicio de ejecución de sentencias, con el objetivo de que las resoluciones judiciales no se queden en papel y puedan cumplirse con mayor agilidad. La creación de servicios comunes de ejecución se perfila como una herramienta útil para facilitar este proceso, aunque la propia Caso insiste en que, para consolidar estas mejoras, siguen siendo imprescindibles más plazas de jueces y más personal de apoyo en todos los niveles.
Juzgados especializados y aumento de delitos sexuales contra menores
Otro de los ámbitos que más inquieta a la presidencia del TSJC es el de la violencia contra la infancia y la adolescencia. La puesta en marcha de un juzgado específico en Barcelona, dedicado a estos asuntos, ha permitido visibilizar y ordenar mejor este tipo de delitos, pero también ha dejado claro que se trata de un fenómeno en crecimiento.
Desde su entrada en funcionamiento a comienzos de año, el juzgado de violencia contra la infancia de la capital catalana ha acumulado ya más de 330 expedientes, entre diligencias previas y procedimientos de diversa naturaleza. La mayoría están relacionados con hechos cometidos a través de internet y redes sociales, donde proliferan conductas como el «sexting» coercitivo o el «grooming», es decir, el acoso y manipulación de menores por parte de adultos.
Este repunte de causas vinculadas a delitos sexuales y de acoso a menores en el entorno digital ha llevado a Caso a reclamar un debate profundo sobre la exposición de niños y adolescentes en las plataformas en línea. Organismos como la Fiscalía de Barcelona han reaccionado creando unidades especializadas para atender a menores y personas vulnerables, pero el volumen de asuntos no deja de crecer.
En paralelo, la presidenta del TSJC ha puesto el foco en la violencia contra la mujer y la necesidad de organizar los juzgados de forma que puedan prestar una atención más integrada. En varias zonas de Catalunya se está apostando por la «comarcalización» de estos órganos, de manera que juzgados de referencia asuman los casos de poblaciones cercanas, como ocurre con los asuntos de Badalona y Santa Coloma de Gramenet, o con los de distintas localidades de Lleida y del Penedès.
Dentro de este despliegue, algunos tribunales de instancia, como el de Sabadell, también están recibiendo nuevas unidades judiciales en el ámbito civil, mientras la Generalitat anuncia la incorporación de cientos de profesionales para adaptar la estructura a la demanda real. De nuevo, estas medidas muestran que el sistema se expande, pero, según Caso, solo serán plenamente eficaces si se garantiza un número suficiente de jueces para sostenerlo.
A la vista de todo lo anterior, la radiografía que traza la presidenta del TSJC es la de una Justicia en plena transformación, con reformas ambiciosas y más medios, pero condicionada por una carencia estructural de jueces y personal que amenaza con frenar los avances. Las oposiciones extraordinarias que reclama, junto con incentivos para fijar profesionales en Catalunya y un impulso decidido a la modernización tecnológica, se presentan como piezas clave para que los nuevos tribunales, los planes de choque y los juzgados especializados puedan funcionar a pleno rendimiento y ofrecer un servicio más ágil y cercano a la ciudadanía.
