Así será la subida salarial del 11% para empleados públicos hasta 2028
Los más de tres millones de empleados públicos en España ya tienen hoja de ruta para sus sueldos en los próximos años. El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF han pactado una subida salarial del 11% entre 2025 y 2028, repartida en cuatro ejercicios y con efectos inmediatos en las nóminas de diciembre.
El acuerdo, que se firmará en el Ministerio de Función Pública y al que CCOO aún no ha decidido si se suma, combina un calendario de incrementos retributivos con un bloque amplio de mejoras laborales. El objetivo declarado del Ejecutivo es que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo respecto a la inflación prevista y, según los cálculos sindicales, incluso recuperen en torno a un 2,8%-2,9% del terreno perdido en los últimos años.
Calendario de la subida: del 2,5% inmediato al 2% final en 2028
El grueso del pacto gira en torno a una subida total del 11% en cuatro años, con una parte fija cada ejercicio y un único elemento variable vinculado al IPC. De este modo, se consolida un marco plurianual que da más certidumbre a las plantillas después de meses de nóminas congeladas y negociaciones tensas.
Para 2025 se ha acordado un incremento del 2,5%, que se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Este aumento se abonará en la nómina de diciembre, amparado en un Real Decreto-ley que el Gobierno se ha comprometido a aprobar para poder pagar de golpe el nuevo salario y los atrasos acumulados.
En 2026 habrá una subida fija del 1,5%, a la que se sumará un 0,5% adicional si la inflación de ese año iguala o supera el 1,5%. Ese medio punto variable se pagaría previsiblemente en el primer trimestre de 2027, también con efectos retroactivos desde enero de 2026, de forma que la pérdida de poder adquisitivo quede mitigada si los precios repuntan por encima de la subida inicial.
El año 2027 concentrará el mayor salto retributivo. El incremento previsto es del 4,5%, si bien parte de esa cifra está ligada a cómo se articule el pago de ese 0,5% variable de 2026, que se detrae del alza que inicialmente se barajaba para 2027 (del 5%). El cierre del ciclo llegará en 2028, con un aumento del 2% para todos los empleados públicos incluidos en el acuerdo.
Este esquema, que respeta el tope global del 11% marcado por Función Pública, supone a su vez superar la primera oferta gubernamental del 10% que los sindicatos rechazaron por considerarla insuficiente y que desencadenó movilizaciones y amenazas de huelga en el sector público.
Un incremento real cercano al 11,4% por el efecto arrastre
Los números del acuerdo van más allá del 11% nominal. Según las estimaciones elaboradas por la mesa negociadora y difundidas por UGT, CSIF y distintas fuentes sindicales, el efecto arrastre o deslizamiento de las tablas salariales elevará la mejora real de las retribuciones hasta alrededor del 11,4%-11,5% en el conjunto del periodo.
Ese efecto arrastre se explica porque cada subida anual se consolida sobre la anterior y se aplica no solo al sueldo base, sino también a los distintos complementos (destino, específico, antigüedad, etc.). En la práctica, esto implica que a medida que se van encadenando los incrementos, el impacto acumulado es algo mayor que la suma aritmética de las subidas fijadas para cada año.
Los sindicatos calculan que, con este marco, los empleados públicos recuperarán en torno a un 2,9% de poder adquisitivo en el periodo 2025-2028, tomando como referencia las previsiones de IPC disponibles. UGT habla de una mejora real próxima al 2,8%-2,83%, mientras que CSIF redondea la cifra hasta casi el 3%, subrayando que se corrige parcialmente la pérdida sufrida en la última década y, en especial, desde el repunte inflacionista de 2022.
El coste total del paquete salarial se estima en unos 22.000 millones de euros para el conjunto del periodo, según las cifras que se barajaron en las últimas reuniones. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha defendido que la oferta del 11% se ha diseñado teniendo en cuenta la evolución prevista de la inflación para los próximos años, de forma que el colectivo mantenga su capacidad de compra sin desbordar los límites marcados por Bruselas y las exigencias presupuestarias.
Este nuevo acuerdo se suma al pacto vigente entre 2022 y 2024, que permitió subidas cercanas al 10%. No obstante, los sindicatos recuerdan que entonces la inflación acumulada rozó el 15%, de modo que los funcionarios sufrieron una merma de poder adquisitivo estimada en torno al 5%. Desde CSIF se insiste en que, si se toma el periodo que va desde 2010, la pérdida de capacidad de compra ronda el 19%, por lo que la mejora actual, aun siendo relevante, no compensa todo lo erosionado.
Impacto en los salarios por grupos y ejemplos de subida
El acuerdo repercutirá de forma diferente según el grupo de clasificación y los complementos de cada puesto, pero la negociación ha incorporado estimaciones de subida anual media por cuerpo funcionarial que permiten hacerse una idea del impacto en nómina.
Para el grupo A1 (titulación universitaria superior), en los niveles más altos se calcula una mejora aproximada de 3.860 euros anuales al final del periodo. Un funcionario tipo pasaría de percibir algo menos de 34.000 euros al año a acercarse a los 38.000 euros en 2028, teniendo en cuenta la aplicación de los distintos incrementos y el arrastre sobre complementos.
En el grupo A2, las cifras manejadas hablan de un aumento de alrededor de 3.600 euros brutos al año, con un recorrido que llevaría las retribuciones de algo más de 31.800 euros a unos 35.400 euros en 2028, siempre de forma orientativa y dependiendo de nivel, destino y específico.
El grupo B, que agrupa determinadas titulaciones intermedias, registraría un incremento aproximado de 3.450 euros anuales en el horizonte de 2028. Para los grupos C1 y C2, correspondientes a administrativos y auxiliares, las estimaciones se sitúan en subidas cercanas a 3.200 euros anuales en el C1 y unos 2.800 euros anuales en el C2 una vez completado el ciclo.
Además de estas proyecciones globales, algunas fuentes sindicales han difundido cálculos de crecimiento de salario año a año. En el caso de un funcionario medio del subgrupo C1, por ejemplo, se habla de un aumento de casi 300 euros en 2025, algo más de 180 euros fijos en 2026 (más lo que pueda suponer el 0,5% variable), unos 620 euros en 2027 y cerca de 260 euros adicionales en 2028, cifras que ilustran cómo el grueso del esfuerzo se concentra en la segunda mitad del acuerdo.
Qué sindicatos firman y cómo ha sido la negociación
El pacto llega tras un proceso negociador intenso, con al menos seis reuniones formales entre el Ministerio de Función Pública y CCOO, UGT y CSIF desde principios de noviembre, además de múltiples contactos informales. La última sesión, de carácter maratoniano, se prolongó más de cinco horas antes de que las partes anunciaran el principio de entendimiento.
La primera oferta salarial del Ejecutivo planteaba un incremento del 10% entre 2025 y 2028, con un límite del 4% conjunto para los dos primeros años. Los tres sindicatos rechazaron esa propuesta al considerarla insuficiente y alertar de que consolidaría una nueva pérdida de poder adquisitivo. CCOO llegó a calificarla de “insulto” y “totalmente inaceptable”.
A partir de ahí, el Gobierno dio un giro y elevó su propuesta hasta el 11%, combinando subidas fijas y un pequeño componente variable. Ese punto extra fue valorado como “importantísimo” por UGT, que ya entonces empezó a ver viable el acuerdo, aunque reclamando que el grueso de la subida se concentrara en 2027 para compensar los topes de 2025 y 2026.
CSIF, por su parte, siguió presionando para mejorar los porcentajes de los dos primeros años y advirtió de que el 4% conjunto ofrecido para 2025-2026 seguía siendo escaso. El sindicato llegó a amenazar con volver a las calles si no se corregía ese reparto. Finalmente, el desbloqueo llegó cuando el Gobierno aceptó introducir el 0,5% variable en 2026 vinculado al IPC, opción que permitió a UGT y CSIF dar el visto bueno al texto definitivo.
CCOO, en cambio, ha mantenido una postura más cauta. Aunque ha reconocido avances, considera que los incrementos iniciales para 2025 y 2026 “se quedan cortos” y ha pedido más margen para decidir si se adhiere o no. El ministerio ha señalado que deja la puerta abierta a su incorporación, pero ha dejado claro que el techo global del 11% no se moverá.
Fin de la tasa de reposición y refuerzo del empleo público
Más allá de la nómina, uno de los puntos estrella del documento es la eliminación progresiva de la tasa de reposición, el mecanismo que durante años ha limitado las ofertas de empleo público al número de jubilaciones y bajas producidas. Los sindicatos llevaban tiempo reclamando su supresión al entender que impedía cubrir adecuadamente servicios esenciales.
Con el nuevo marco, el Gobierno se compromete a que las próximas ofertas de empleo público no estén encorsetadas por esa tasa, sino que se definan en función de las necesidades reales de personal y de criterios objetivos de planificación. El objetivo es reforzar especialmente aquellos ámbitos donde la sobrecarga y la temporalidad son más acusadas, como la atención a la ciudadanía, la sanidad o determinados servicios administrativos.
El acuerdo también fija el compromiso de reducir drásticamente los plazos de los procesos selectivos. La idea es que, desde la convocatoria de una oferta hasta la toma de posesión, no transcurra más de un año, frente a los más de dos años que, en la práctica, suelen demorarse muchos procesos actualmente. Para ello, se prevé agilizar tribunales, simplificar fases y potenciar fórmulas como el concurso de méritos abierto y permanente.
La reducción del recurso al personal temporal constituye otro de los objetivos explícitos del pacto. Al eliminar la tasa de reposición y reforzar el empleo estructural, se pretende disminuir la contratación eventual y la precariedad en determinadas áreas de la Administración, algo que tanto UGT como CSIF ven como un paso importante para estabilizar plantillas.
Jornada de 35 horas, teletrabajo y atención al ciudadano
En el capítulo de condiciones laborales, el acuerdo abre la puerta a la generalización de la jornada de 35 horas semanales en las administraciones públicas, una reivindicación histórica de los sindicatos que quedó congelada tras los recortes de la pasada crisis. El texto recoge el compromiso de desbloquear esta medida y de adaptar la organización del trabajo para hacerla viable sin que se resienta la prestación de servicios.
Otro eje clave es la regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado. Aunque esta modalidad se extendió con fuerza durante la pandemia, hasta ahora no existía un marco homogéneo y estable para todos los empleados públicos. El pacto prevé fijar criterios claros sobre porcentajes de trabajo a distancia, dotación tecnológica, prevención de riesgos y derecho a la desconexión.
El documento también menciona el refuerzo específico de las plantillas de atención al público, tanto en oficinas presenciales como en servicios telefónicos y canales digitales. Además de incrementar el número de efectivos, se plantea una adecuación retributiva de estos puestos, reconociendo la mayor exigencia y exposición que conllevan, así como la incorporación de medidas de protección frente a agresiones y apoyo psicológico cuando sea necesario.
En paralelo, el Gobierno se ha comprometido a revisar y elevar los complementos de residencia e insularidad, así como las indemnizaciones por razón de servicio (dietas de manutención y alojamiento), que llevaban décadas sin actualizarse. Estas mejoras buscan reducir desigualdades entre empleados públicos que realizan funciones similares pero en territorios con sobrecostes muy distintos.
Carrera profesional, igualdad y jubilación
El acuerdo no se limita al salario y la jornada, sino que incluye un bloque dedicado a la carrera profesional y la promoción interna. Se prevé ampliar las vías para ascender dentro de la administración, impulsando procesos específicos y diferenciados de promoción interna y reforzando el concurso de méritos como sistema habitual para cubrir plazas.
Para facilitar estos avances, el Ministerio se ha comprometido a adaptar la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales que se desempeñan, algo que debería permitir una mejor adecuación entre tareas, niveles y retribuciones. Los sindicatos insisten en que, con esta reorganización, se pretende reconocer la cualificación y la experiencia acumulada por miles de empleados que actualmente se encuentran encorsetados en categorías que no reflejan su trabajo efectivo.
En el terreno de la igualdad y la lucha contra la discriminación, el pacto incorpora medidas para reforzar la prevención y actuación frente al acoso sexual y la violencia de género. CSIF, por ejemplo, ha propuesto crear planes específicos de prevención y acompañamiento para las víctimas dentro de las administraciones públicas, de forma que se garantice una respuesta rápida y coordinada en estos casos.
La jubilación del personal público también aparece en la agenda. Entre los compromisos, figura el desbloqueo de las jubilaciones parciales del personal laboral y la posibilidad de extender esta modalidad al conjunto de los empleados públicos, algo que exige modificar la Ley de Función Pública, cuyo trámite parlamentario está actualmente atascado. El proyecto incluye igualmente la opción de prolongar de forma voluntaria la vida laboral hasta los 72 años, medida que suscita debate interno entre quienes la ven como una oportunidad y quienes la perciben como una prolongación innecesaria de carreras ya muy largas.
Junto a ello, se anuncian mejoras en materia de permisos, conciliación y salud laboral, con la idea de actualizar el catálogo de licencias y reforzar los protocolos de prevención de riesgos, incluida la salud mental. El objetivo declarado por los firmantes es que el empleo público resulte más atractivo para los jóvenes y, al mismo tiempo, más sostenible para quienes llevan décadas en la administración.
Un acuerdo vigilado de cerca por la comisión de seguimiento
Ni el Gobierno ni los sindicatos quieren que el pacto quede en una declaración de intenciones, por lo que han acordado crear una comisión de seguimiento encargada de supervisar el cumplimiento de todos los puntos. Este órgano deberá constituirse en un plazo máximo de 15 días desde la firma y estará formado por representantes de Función Pública y de las organizaciones sindicales firmantes.
CSIF ha insistido en que, para ellos, el acuerdo no supone un “cheque en blanco”, y ya ha advertido de que se reserva todas las herramientas a su alcance para exigir su cumplimiento “en tiempo y forma”. UGT, por su parte, habla de un “gran acuerdo” que aporta “certeza y seguridad” al conjunto de la ciudadanía, al reforzar la calidad de los servicios públicos además de las nóminas de quienes los prestan.
Desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se destaca que este pacto representa “un gran avance para los servidores públicos” y garantiza que los empleados públicos mantengan su poder adquisitivo durante el próximo cuatrienio. El Ejecutivo reivindica, además, su coherencia en materia de diálogo social, recordando que en los últimos años se han cerrado sucesivos acuerdos con los sindicatos en plena incertidumbre económica y con un presupuesto muy condicionado por las reglas fiscales europeas y el aumento del gasto en defensa.
Con las cifras ya cerradas y a la espera de que CCOO fije su posición definitiva, los empleados públicos encaran los próximos años con un horizonte salarial más despejado. La subida escalonada del 11%, el ligero plus derivado del efecto arrastre y el paquete de medidas laborales asociadas dibujan un escenario en el que, sin borrar de un plumazo la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde hace más de una década, sí se da un paso relevante para recomponer las condiciones del personal al servicio de las administraciones en España.
