La Junta y los sindicatos sellan un preacuerdo para modernizar la Administración andaluza
La Junta de Andalucía y las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO han alcanzado un preacuerdo que el propio Gobierno andaluz califica de histórico para impulsar una Administración más moderna y útil. El texto fija una inversión de 250 millones de euros y un horizonte de cinco años, con impacto directo en la organización interna y en la atención a la ciudadanía.
El documento será sometido a la Mesa General de Negociación Común y, posteriormente, se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva. La propuesta, pilotada por el consejero José Antonio Nieto, está enfocada a mejorar el empleo público, la calidad del servicio y la eficiencia administrativa sin perder de vista la estabilidad presupuestaria.
Qué incluye el pacto y a quién afecta
El preacuerdo se articula en cuatro ejes estratégicos que marcan la hoja de ruta de la modernización: transformación organizativa y tecnológica, fortalecimiento del capital humano, actualización de los convenios colectivos y refuerzo de la calidad de los servicios públicos.
En el ámbito de la transformación, la Junta plantea la simplificación de trámites, el despliegue de la administración electrónica y procedimientos orientados a resultados, apoyados en el plan nacional de competencias digitales, con el objetivo de ofrecer gestiones más ágiles y una relación más sencilla entre ciudadanía y Administración.
El eje del capital humano prevé estabilidad, carrera horizontal y evaluación del desempeño, así como un nuevo modelo retributivo basado en complementos objetivos (de puesto, nivel competencial, desempeño y carrera). Este marco pretende reconocer el mérito y la mejora continua de las empleadas y empleados públicos.
La «promoción profesional planificada» es otro de los pilares: se recurrirá a una gestión ordenada de vacantes para anticipar necesidades, optimizar recursos y corregir desequilibrios funcionales y territoriales en la estructura administrativa.
En materia de relaciones laborales, el Gobierno andaluz y los sindicatos se comprometen a culminar la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral dentro del plazo legal y a revisar los convenios del sector público instrumental con el fin de homogeneizar condiciones y adaptarlas al marco normativo vigente.
Otro paquete de medidas refuerza la calidad de los servicios públicos con más formación continua sobre los módulos más demandados, una revisión integral de procedimientos y un modelo de prevención de riesgos laborales de carácter integral, con la salvedad de que el Servicio Andaluz de Salud mantendrá su servicio propio.
El acuerdo incide además en mantener las plantillas actuales y evitar la externalización de funciones propias, a la vez que impulsa una reorganización para contar con estructuras más ágiles, multidisciplinares y basadas en la gestión por proyectos, eliminando duplicidades y consolidando servicios comunes.
Para los puestos de responsabilidad, se desarrollará normativa que fije criterios claros, objetivos y transparentes en los procesos de selección y evaluación, reforzando los concursos específicos frente a la libre designación.
Calendario, financiación y reacciones
La vigencia es de cinco años y el volumen económico asciende a 250 millones de euros, con un despliegue gradual de medidas conforme se concreten los desarrollos normativos y las fases de implementación acordadas.
Tras su ratificación en la Mesa General, el texto llegará al Consejo de Gobierno, donde se formalizará el calendario ejecutivo y los instrumentos para su seguimiento. La tramitación incluye los informes preceptivos y una hoja de ruta para cada eje de actuación.
Un aspecto relevante es la recuperación de las ayudas de acción social a partir de 2026, suspendidas desde 2012, que contemplan apoyos para conciliación familiar, cuidados de menores y mayores, y prestaciones sociosanitarias.
El consejero José Antonio Nieto ha subrayado la negociación «discreta y leal» y ha agradecido la implicación del presidente Juanma Moreno, así como la labor técnica de Función Pública y del IAAP, además de impulsar la incorporación de herramientas como la plataforma Eleven para apoyar la formación y gestión interna.
Los sindicatos destacan que el avance se ha logrado tras semanas de presión sindical y movilizaciones, reclamando garantías económicas y el mantenimiento de los compromisos salariales y laborales. La valoración general es que se recupera la senda del diálogo social y se fijan bases para un empleo público estable y de calidad.
La medida alcanzará a más de 65.000 empleados públicos andaluces entre personal funcionario, laboral, personal de Justicia y del sector público instrumental, lo que permite abordar problemáticas transversales y dar salida a demandas históricas pendientes.
El enfoque de digitalización, evaluación del desempeño y gobernanza orientada a resultados se alinea con tendencias que se observan en España y la UE para modernizar la gestión pública y mejorar la experiencia de la ciudadanía en su relación con la Administración.
Con este pacto, Junta y sindicatos establecen una hoja de ruta para los próximos años que, si se aplica en tiempo y forma, puede traducirse en procedimientos más simples, mejores condiciones laborales y una modernización de la Administración andaluza acorde a las necesidades actuales.
