La compleja frontera entre regulación e innovación en la inteligencia artificial » Enrique Dans
Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Multas millonarias por deepfakes: ¿Protección democrática o barrera legal para la innovación?» (pdf), y trata sobre la propuesta legislativa española que contempla sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7% del volumen global de negocio de una empresa para quienes no etiqueten de manera adecuada los contenidos generados por inteligencia artificial.
La idea, que ha sido recogida por medios internacionales, coloca a España en una posición de aparente vanguardia en la lucha contra los deepfakes y la desinformación, al exigir transparencia en un ámbito en el que la manipulación tecnológica se ha convertido en una amenaza cada vez más sofisticada.
El problema, como ocurre tantas veces, no es la intención sino la ejecución. La obligación de etiquetar todo contenido generado por inteligencia artificial puede sonar lógica y necesaria, pero plantea retos técnicos y prácticos que no están ni mucho menos resueltos. ¿Cómo se garantiza que una etiqueta digital no pueda ser eliminada, manipulada o falsificada? ¿Cómo se controlan los contenidos que llegan desde jurisdicciones en las que esa obligación no existe? ¿De qué sirve sancionar a una empresa española o europea si la mayoría de los deepfakes virales se generan en otras geografías más allá de nuestras fronteras? La tecnología no entiende de fronteras, mientras que la legislación, inevitablemente, sí.
A este debate se suma la contradicción con otras iniciativas gubernamentales. Mientras se anuncian subvenciones millonarias para que las empresas españolas adopten y desarrollen inteligencia artificial, se amenaza al mismo tiempo con sanciones astronómicas que pueden desincentivar la innovación. El resultado es un marco regulatorio incoherente, que oscila entre el impulso y el freno, y que corre el riesgo de ahuyentar a startups y pymes que ya de por sí se enfrentan a un ecosistema poco propicio para competir globalmente.
Europa ya tiene experiencia en este tipo de contradicciones. La aprobación del GDPR convirtió a la Unión Europea en referente mundial en materia de privacidad, pero no sirvió para crear un ecosistema digital capaz de rivalizar con los gigantes estadounidenses o chinos. Con la AI Act, Bruselas ha vuelto a optar por una regulación estricta y preventiva, mientras que en Estados Unidos y el Reino Unido se confía más en la autorregulación y en la colaboración público-privada para desarrollar estándares técnicos. El riesgo es evidente: que Europa se quede otra vez en el papel de gran regulador global, pero incapaz de producir actores competitivos en las nuevas industrias digitales.
En España, la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) añade otra capa al debate. AESIA tendrá que vigilar el cumplimiento de esta nueva obligación de etiquetado, pero es difícil imaginar que cuente con los recursos suficientes para perseguir y sancionar cada incumplimiento en un entorno caracterizado por la abundancia y la facilidad de generar y distribuir contenidos. La medida puede tener más valor simbólico que práctico y servir para tranquilizar a una ciudadanía cada vez más preocupada por las falsificaciones digitales, pero muy difícilmente será capaz de resolver el problema de fondo.
La desinformación y los deepfakes son, sin duda, uno de los grandes retos de nuestra época, pero las soluciones pasan por combinar educación digital, alfabetización mediática, transparencia de las plataformas y cooperación internacional, más que por imponer sanciones que resultan difíciles de aplicar y que pueden convertirse en un obstáculo para la innovación. Apostar por la regulación como única respuesta es volver a cometer el error de siempre: creer que con normas y sanciones basta para moldear un fenómeno tecnológico que evoluciona mucho más rápido que la capacidad de legislarlo.
