Nuevo impuesto a los edulcorantes podría reducir la oferta de productos sin calorías
El reciente impuesto a los edulcorantes, aprobado en comisiones por la Cámara de Diputados, ha generado una ola de críticas por parte de expertos en salud y representantes de la industria alimentaria. La medida, que busca aplicar un gravamen de 3.08 pesos por litro a las bebidas que contengan estos ingredientes, es vista por muchos como un retroceso en los esfuerzos por ofrecer opciones más saludables a los consumidores.
Según El Economista, de aprobarse en el Senado, esta sería la primera vez que se impone un impuesto a productos con edulcorantes no calóricos, lo que marcaría un precedente en la política fiscal del país. Sin embargo, especialistas advierten que lejos de promover hábitos más sanos, la medida podría tener un efecto contrario: reducir la innovación, limitar la oferta de bebidas sin azúcar y afectar el bolsillo de los consumidores.
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Un impuesto que contradice la innovación
De acuerdo con Laura Miranda, coordinadora regional para América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA), el impuesto a los edulcorantes resulta contradictorio con los esfuerzos de la industria por reducir el consumo calórico sin sacrificar el sabor.
Los edulcorantes no calóricos —explica la también nutrióloga— permiten ofrecer productos más saludables, al mantener el dulzor sin añadir calorías.
Actualmente, estos ingredientes se encuentran en una amplia gama de bebidas: desde refrescos light y cero azúcar hasta aguas saborizadas y sobres para preparar agua. Sin embargo, con la nueva medida, prácticamente todas estas opciones serían susceptibles de pagar el impuesto, desincentivando su reformulación y reduciendo la oferta disponible para el consumidor.
Impacto directo en los consumidores
El mayor costo del impuesto a los edulcorantes no recaerá únicamente sobre las empresas, sino en última instancia sobre los consumidores. Según Miranda, las bebidas con edulcorantes se encarecerán, lo que podría empujar a las personas a optar nuevamente por opciones azucaradas o más baratas, reduciendo los avances en la elección de productos sin calorías.
Desde 2014, México ha implementado impuestos similares con la intención de combatir la obesidad y la diabetes, pero los resultados no han sido alentadores. Las estadísticas no muestran una disminución significativa en la prevalencia de estas enfermedades, lo que abre el debate sobre la efectividad de este tipo de medidas aisladas.
El reto de una política pública integral
La obesidad y la diabetes son enfermedades multifactoriales que requieren estrategias integrales y sostenibles. Limitarse a imponer un impuesto a los edulcorantes ignora la complejidad del problema, ya que los azúcares están presentes en una gran diversidad de alimentos: desde frutas y lácteos hasta productos de repostería.
Más que penalizar a las bebidas sin calorías, los expertos sugieren fortalecer las políticas de educación nutricional, incentivar la reformulación responsable y promover la investigación sobre alternativas seguras. Solo una combinación de medidas podrá tener un impacto real en la salud pública.
Los edulcorantes como aliados del consumo responsable
Los edulcorantes no calóricos han sido reconocidos por organismos internacionales como aliados en la reducción de azúcares en la dieta. Su uso permite ofrecer opciones que mantienen el sabor dulce pero con un contenido calórico mucho menor, lo que puede contribuir al control del peso y a una alimentación más equilibrada.
Además, la Organización Mundial de la Salud recomienda mantener una ingesta calórica diaria balanceada, donde los azúcares no sean la principal fuente de energía. En ese contexto, los edulcorantes representan una herramienta útil para quienes buscan disminuir su consumo de azúcar sin renunciar completamente al sabor.
El debate en torno al impuesto a los edulcorantes revela una tensión entre la búsqueda de una mejor salud pública y las políticas que podrían obstaculizarla. Aunque el objetivo de reducir las enfermedades relacionadas con la obesidad es legítimo, gravar productos que justamente ofrecen alternativas con menos calorías podría ser una contradicción en términos de salud y sostenibilidad.
Más que castigar a la innovación, las autoridades tienen la oportunidad de construir políticas que impulsen la reformulación responsable y el acceso a opciones más saludables. Una estrategia integral —basada en educación, ciencia y colaboración entre sectores— será clave para avanzar hacia un México más saludable y consciente de su alimentación.
