Huelga indefinida en la Sanidad pública por el nuevo Estatuto Marco

La Sanidad pública española se encamina hacia una huelga indefinida que afectará a todos los martes, a partir del próximo 27 de enero, después de casi tres años de conversaciones fallidas entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación del Estatuto Marco. La ruptura del diálogo ha cristalizado en un inusual frente sindical unitario que agrupa a las principales centrales de la sanidad pública.

Las organizaciones convocantes aseguran que no ven otra salida que la movilización sostenida para forzar un cambio en la redacción del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario. Consideran que el borrador que impulsa el equipo de la ministra Mónica García deja fuera cuestiones clave y abre una brecha entre colectivos profesionales, poniendo en riesgo tanto las condiciones laborales como la calidad asistencial.

Quién convoca la huelga y a quién afecta

La convocatoria parte de las cinco organizaciones con representación en el Ámbito de Negociación del Estatuto Marco: SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT Servicios Públicos, CSIF y CIG-Saúde. Estos sindicatos representan, según subrayan, al 100% del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud (SNS), incluyendo tanto categorías sanitarias como no sanitarias.

La huelga está planteada como indefinida y recurrente cada martes, comenzando el 27 de enero y prolongándose “mientras sea necesario”. Todo el personal de la sanidad pública está llamado a participar, desde facultativos y personal de enfermería hasta profesionales de áreas administrativas, técnicas y de apoyo, con un impacto potencial en hospitales, centros de salud y otros dispositivos asistenciales de todas las comunidades autónomas.

Las centrales justifican esta decisión en que, tras la última reunión celebrada el 6 de noviembre, no han vuelto a recibir una citación oficial ni un nuevo borrador completo, y sostienen que la única información relevante sobre la negociación la están conociendo a través de los medios de comunicación. Esta situación es interpretada como una señal de parálisis y falta de voluntad política por parte del Ministerio.

Motivos de fondo: un Estatuto Marco “incompleto e injusto”

El núcleo del conflicto se centra en la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario, una norma básica que regula la relación laboral de cientos de miles de profesionales del SNS. Los sindicatos afirman que el texto que impulsa Sanidad no garantiza mejoras reales para todo el personal y deja sin resolver aspectos que consideran “irrenunciables”.

Entre las principales quejas, las organizaciones denuncian que el Ministerio “no tiene intención de pactar un texto justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras”, y que pretende cerrar la negociación dando por acordado “más del 99%” del articulado cuando, a su juicio, aún quedan por resolver cuestiones estratégicas como la clasificación profesional, la jornada y la jubilación.

Otra de las críticas de fondo afecta a la forma en que se está tramitando la reforma. Los sindicatos hablan de “deslealtad” y “violación del espacio legitimado de negociación” al denunciar que el Ministerio ha mantenido reuniones y ofrecido propuestas específicas a sindicatos exclusivamente médicos al margen del Ámbito, lo que interpretan como un intento de fragmentar al colectivo y priorizar intereses sectoriales.

Las exigencias “irrenunciables” de los sindicatos

Los convocantes de la huelga han ido concretando en diversas ruedas de prensa y comunicados cuáles son los elementos que consideran líneas rojas en el nuevo Estatuto Marco. Su posición es que sin estos puntos no habrá acuerdo y la movilización se mantendrá en el tiempo.

En primer lugar, demandan que la norma establezca de forma clara unas retribuciones básicas ligadas al nuevo marco de clasificación profesional. No se trata solo de ordenar categorías, explican, sino de asegurar que ese cambio vaya acompañado de una estructura salarial coherente con la formación, la responsabilidad y las funciones desempeñadas.

Otro eje central es la jornada laboral. Los sindicatos reclaman una jornada “digna y adecuada” que permita conciliar vida laboral y familiar, con un tope homogéneo de 35 horas semanales en todo el Estado. Consideran que esta medida debería quedar recogida explícitamente en la ley básica, evitando las grandes diferencias que existen actualmente entre servicios de salud autonómicos.

El tercer bloque de reivindicaciones se centra en la jubilación anticipada y parcial de forma voluntaria. Las organizaciones reclaman que el nuevo Estatuto garantice mecanismos efectivos para que los profesionales de mayor edad puedan reducir su jornada o adelantar su retiro en condiciones razonables, teniendo en cuenta la penosidad, las guardias y las cargas asistenciales acumuladas durante años.

Por último, exigen que la norma impulse una acción de gobierno coordinada que involucre a otros ministerios con competencias cruzadas —Trabajo, Función Pública, Seguridad Social y Hacienda—. A su juicio, Sanidad se habría “inhibido” de su responsabilidad de liderar ese trabajo interministerial, lo que evidenciaría una cierta debilidad dentro del Gobierno de coalición.

Acusaciones de “negociaciones paralelas” con los médicos

Uno de los elementos que más tensión ha generado es la percepción de que el Ministerio de Sanidad ha priorizado un diálogo específico con los sindicatos médicos al margen del Ámbito de Negociación. SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde llevan meses denunciando que se han mantenido reuniones y se han enviado borradores a organizaciones como CESM o el Sindicato Médico Andaluz para intentar frenar sus convocatorias de paro.

Los portavoces sindicales del Ámbito afirman que estas “mesas paralelas” suponen una deslealtad hacia quienes obtuvieron su representatividad a través de las elecciones sindicales y que hablan en nombre de todo el personal estatutario. A su juicio, el Ministerio habría “entorpecido, dificultado y dilatado” la negociación oficial mientras avanzaba con propuestas concretas dirigidas solo a facultativos.

Esta situación ha desembocado en un escenario complejo: por un lado, una huelga indefinida de todo el personal del SNS cada martes a partir del 27 de enero; por otro, diversas jornadas de paro convocadas por los sindicatos médicos a nivel estatal y autonómico para reclamar un estatuto propio que regule solo sus condiciones laborales.

Los sindicatos del Ámbito insisten, sin embargo, en que sus demandas incluyen también las necesidades específicas de los médicos y del resto de categorías, y que no se ha dejado fuera a ningún colectivo en sus propuestas de articulado. De ahí que vean con recelo que se intente canalizar las peticiones de los facultativos por una vía separada al margen del espacio de negociación común.

El argumento del Ministerio: máximos competenciales y reforma histórica

El Ministerio de Sanidad defiende una visión muy distinta del proceso. En varios comunicados oficiales ha subrayado que el borrador actual del nuevo Estatuto Marco recoge “todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial”, tras un proceso de diálogo técnico y político en el que aseguran haber celebrado más de 60 reuniones con sindicatos, comités de huelga, comunidades autónomas y otros actores implicados.

Según Sanidad, el texto habría alcanzado “el máximo desarrollo posible dentro de los márgenes de una ley básica estatal”, articulando un marco común que respeta el reparto constitucional de competencias y la autonomía de las comunidades. Bloquear ahora la aprobación por cuestiones que se sitúan fuera de ese marco, sostiene el Ministerio, supondría “perder una oportunidad histórica” de modernizar una norma que lleva dos décadas sin reformarse.

El departamento que dirige Mónica García incide en que no puede fijar importes salariales concretos ni complementos, porque dependen de cada servicio de salud y de las leyes de presupuestos; tampoco puede conceder directamente la jubilación anticipada, al ser una competencia de la Seguridad Social, ni imponer una jornada semanal de 35 horas, puesto que la duración de la jornada es una materia que corresponde a cada comunidad autónoma.

En la misma línea, Sanidad recuerda que una regulación demasiado detallada sobre turnos, guardias o distribución concreta de plantillas podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias autonómicas, de modo que la ley debe limitarse a fijar un marco básico y dejar cierto margen de adaptación a los servicios de salud.

Qué mejoras incluye el borrador del nuevo Estatuto Marco

Aun reconociendo que no puede atender a todas las peticiones, el Ministerio sostiene que el texto presentado sí introduce cambios relevantes para el conjunto del personal. Entre las medidas más destacadas, figura un paquete orientado a reducir la temporalidad y a ordenar mejor la carrera profesional dentro del SNS.

Por un lado, se plantea la obligación de convocar Ofertas Públicas de Empleo (OPE) al menos cada dos años, con nuevos límites a la temporalidad y herramientas de control para evitar que se cronifiquen contratos inestables. También se apuesta por la digitalización completa de los procesos de selección y acreditación de méritos, con el objetivo de hacerlos más ágiles y homogéneos entre comunidades.

En cuanto a la movilidad, el borrador prevé concursos de traslados anuales basados en un sistema de concurso abierto y permanente, de forma que los profesionales puedan cambiar de destino sin tener que esperar largos periodos, como ha ocurrido en algunos servicios de salud donde las convocatorias se han espaciado durante años.

Otro de los ejes del proyecto es la reordenación de la clasificación profesional, abandonando la referencia tradicional a los grupos del EBEP y adaptando la estructura al esquema formativo MECU/MECES. Sanidad asegura que este cambio no implicará pérdidas salariales ni modificaciones de las funciones asistenciales, y que servirá para alinear mejor formación, competencias y responsabilidades.

El texto también refuerza el papel de la formación, la docencia y la investigación dentro del vínculo estatutario, de forma que estas actividades cuenten con un reconocimiento explícito en la planificación funcional de los centros y no queden relegadas a un segundo plano frente a la actividad asistencial diaria.

Jornada, guardias y conciliación: límites a la sobrecarga

Uno de los aspectos más visibles de la propuesta del Ministerio tiene que ver con la regulación de la jornada y las guardias, con la intención declarada de reducir la sobrecarga laboral y mejorar el descanso del personal sanitario. Aquí se concentran algunas de las medidas que Sanidad presenta como logros centrales de la reforma.

El borrador fija una jornada máxima semanal de 45 horas para el personal estatutario, un límite que se sitúa por debajo del tope de 48 horas establecido por la directiva europea. Esta cifra no satisface a quienes reclaman las 35 horas en todo el Estado, pero el Ministerio la defiende como un avance importante frente a la situación actual.

En paralelo, se establece que la duración máxima de las guardias se reducirá de 24 a 17 horas. Además, las libranzas y descansos obligatorios, tanto previos como posteriores a la guardia, no podrán generar deuda horaria, lo que en la práctica debería traducirse en una disminución proporcional de la jornada ordinaria y en una mayor protección frente a las jornadas maratonianas.

El texto incorpora también la figura de la “carga horaria excesiva”, que obliga a los servicios de prevención a intervenir cuando se detectan excesos continuados y a plantear medidas correctoras, desde refuerzos de plantilla hasta reorganizaciones de turnos. Con ello, Sanidad pretende que la sobrecarga no se normalice como algo estructural.

En materia de conciliación, el Estatuto introduce derechos regulados de flexibilidad horaria, obligación de comunicar los turnos con antelación suficiente y la inclusión de medidas específicas en los planes de igualdad de los centros. Asimismo, se refuerza la protección frente a noches y turnos especialmente penosos para profesionales con problemas de salud, embarazadas y personal con menores a cargo, ampliando las exenciones que ya existían para mayores de 55 años.

Otro punto especialmente valorado por algunos colectivos es el reconocimiento estructurado del tiempo de solape entre turnos, considerado clave para garantizar una adecuada transmisión de información clínica y organizativa. Este tiempo tendrá que ser regulado y negociado, evitando que siga siendo una tarea invisible asumida de facto sin reflejo en la jornada.

Un sistema sanitario bajo presión y un conflicto politizado

El clima en el que estalla esta huelga indefinida en la Sanidad pública es ya de por sí delicado. Los sindicatos alertan de que el sistema arrastra déficits que quedaron al descubierto durante la pandemia y que no se han solucionado: falta de refuerzos en episodios de alta demanda como la gripe, saturación de urgencias, listas de espera crecientes y despidos de miles de profesionales contratados en los últimos años.

Dirigentes sindicales señalan que la asistencia sanitaria se sostiene gracias a un sobreesfuerzo permanente de las plantillas, con turnos prolongados, guardias encadenadas y dificultades para conciliar. Desde su punto de vista, esta situación está “empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno” si no se acometen cambios profundos en la organización del trabajo y en la estabilidad del empleo.

En este contexto, no solo se han activado los sindicatos del Ámbito de Negociación. Las organizaciones médicas también mantienen sus propias convocatorias de huelga, con paros de varios días para reivindicar un estatuto específico, mejoras retributivas en las guardias, cambios en el cómputo de estos turnos de cara a la jubilación y una jornada máxima de 35 horas con cualquier exceso pactado y remunerado de forma diferenciada.

El conflicto ha saltado también al terreno político. Desde la oposición, se exige al Gobierno la retirada del actual borrador y el inicio de una nueva negociación “seria, dialogada y consensuada” con comunidades autónomas, sindicatos y organizaciones profesionales. Se acusa a la reforma de improvisada, carente de memoria económica y de poner en riesgo la estabilidad del propio sistema sanitario.

Mientras tanto, desde el Ministerio se insiste en que el proceso no está cerrado y que durante la tramitación parlamentaria aún se podrán introducir mejoras, siempre dentro de los límites competenciales. Sanidad apela a la “responsabilidad colectiva” de las organizaciones sindicales para no bloquear una reforma que, a su juicio, supone un avance significativo frente al Estatuto Marco vigente desde 2003.

Con todo, la distancia entre las posiciones sigue siendo notable: los sindicatos recalcan que sus demandas responden al conjunto del personal y que la paciencia de los profesionales “se ha agotado”, mientras que el Ministerio reivindica haber llegado tan lejos como le permite la ley. A falta de un giro en las próximas semanas, el calendario apunta a un inicio de año marcado por paros recurrentes en la sanidad pública, con un impacto directo en la organización de los servicios y en la vida diaria de pacientes y trabajadores.