el nuevo poder de Mercado Libre y Amazon
En las plataformas digitales todo parece diseñado para fluir: buscar, comparar, hacer clic, recibir.
Pero en la política y la regulación, los procesos no son tan rápidos ni tan previsibles.
Quizá por eso, esta semana Mercado Libre y Amazon llevaron algo de esa lógica al Congreso mexicano: cada una, a su manera, trató de que las reglas del sistema también funcionen.
El 14 de octubre, Mercado Libre difundió un comunicado advirtiendo que las nuevas tasas de retención de ISR e IVA incluidas en el Paquete Económico 2026 podrían poner en riesgo a más de un millón de PyMEs que venden en su plataforma.
La empresa convocó una mesa redonda y articuló un mensaje claro: sin PyMEs no hay ecosistema digital, y sin ecosistema no hay negocio.
A simple vista, podría parecer un gesto solidario; en realidad, es una defensa estratégica del modelo que sostiene su operación.
Mercado Libre actúa como un interlocutor político, buscando influir en decisiones fiscales bajo una narrativa social.
Una forma distinta —más dura, pero igual de legítima— de ejercer responsabilidad: la que se ejerce con datos, argumentos y poder.
El propio David Geisen, Country Manager de Mercado Libre México, reforzó el mensaje desde su cuenta de LinkedIn: el paquete económico, dijo, “es un golpe directo a millones de PyMEs” y representa “un retroceso masivo en la formalidad, el empleo y la competitividad del país”.
La publicación, ampliamente replicada, mostró que la compañía trasladó la conversación al terreno público, convirtiendo su postura económica en una causa política.
Dos días después, Amazon México ocupó el mismo escenario, pero con otro tono.
En coordinación con la Cámara de Diputados y la Asociación de Bancos de México, celebró una feria de PyMEs dedicada a la digitalización y a la inclusión productiva.
Nada de advertencias ni reclamos: Amazon eligió la cooperación institucional.
Mientras una plataforma presiona, la otra acompaña.
Una marca límites; la otra tiende puentes.
Distintas estrategias, un mismo trasfondo: proteger las condiciones del ecosistema digital que asegura su rentabilidad y legitimidad.
En ausencia de cámaras empresariales fuertes, las grandes tecnológicas se han convertido en los nuevos interlocutores del poder público.
Ya no esperan a que las decisiones lleguen; las gestionan, las negocian y, cuando es necesario, las disputan.
Difícilmente veremos este tipo de acciones reflejadas en los informes de responsabilidad social o en los capítulos de gobernanza de los reportes ESG.
No se trata de donativos, de voluntariado ni de inversión social.
Esta es responsabilidad de otra categoría, ejercida no por el área de sostenibilidad, sino por los equipos de asuntos públicos, relaciones gubernamentales y presidencias corporativas.
Una responsabilidad dura, donde el propósito se mide en márgenes, regulaciones y estabilidad operativa.
En estos tiempos, resulta notorio que las corporaciones están saliendo del letargo.
Algunas para presionar, otras para cooperar.
Pero todas con un objetivo común: que el “carrito” de la economía siga avanzando, incluso cuando el terreno —político y fiscal— se vuelve cuesta arriba.
Porque en el mundo digital, la sostenibilidad no solo se busca en el mercado… también se tramita en el Congreso.
