El Gobierno de España aprueba el mayor gasto en publicidad institucional de los últimos 18 años

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El Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, ha aprobado un ambicioso plan de publicidad institucional para 2025 que marca un punto de inflexión
en el gasto gubernamental en comunicación. Con una inversión total de 161,2 millones de euros destinados a 146 campañas, este presupuesto representa un
incremento significativo del 16% en comparación con el año anterior y se posiciona como el mayor desembolso en publicidad institucional desde hace casi
dos décadas.

Históricamente, esta cifra solo es superada por los ejercicios de 2007 y 2008, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se
alcanzaron los 187,3 millones de euros. El actual ejecutivo ha mostrado una tendencia creciente en este tipo de gasto, pasando de 123,4 millones en
2021 a 158,3 millones en 2022, con una ligera reducción en 2023 y 2024. En conjunto, los últimos cinco años acumulan una inversión total de 727,1
millones de euros en publicidad institucional.

Los ministerios de Transición Ecológica, Cultura y Agricultura serán los protagonistas de este plan, concentrando el 45,89% de las campañas. Destacan
especialmente los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, que dispondrán del 12,59% del presupuesto (20,2 millones de euros), y
Transformación Digital, con un 10,79% (17,3 millones).

La estrategia de comunicación para 2025 contempla una diversificación de medios y públicos objetivos. Internet será el canal principal, seguido de
radio y prensa tradicional. En cuanto a su alcance, 106 campañas tendrán carácter nacional, mientras que el resto se distribuirán entre ámbitos
regionales y provinciales.

El plan de comunicación está diseñado para impactar a diferentes segmentos de la población. De las 146 campañas programadas, 119 se dirigirán al
público general, 32 a estudiantes, 18 a trabajadores y empresarios, 18 a población infantil y juvenil, y 9 específicamente orientadas a personas de la
tercera edad. Entre las campañas más destacadas se encuentra la de Divulgación de la Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, con un
presupuesto superior a los diez millones de euros. Además, once campañas contarán con presupuestos entre cuatro y diez millones, y quince más entre dos
y cuatro millones.

El contexto político de esta decisión es relevante. El Gobierno está preparando modificaciones a la ley de publicidad institucional como parte de su
plan de regeneración democrática. Esta estrategia ha generado controversia, especialmente entre la oposición, que acusa al Ejecutivo de intentar
controlar y condicionar la comunicación mediática. Moncloa planea además crear su propia central de medios, con el objetivo de unificar criterios
publicitarios de todos los ministerios y tener un mayor control sobre la distribución de estos recursos. Esta iniciativa ha sido criticada por el
Partido Popular, que la interpreta como un mecanismo para favorecer a medios afines y perjudicar a los críticos.

El plan refleja la importancia estratégica que el Gobierno otorga a la comunicación institucional en un contexto político complejo, utilizando la
publicidad como herramienta para transmitir mensajes, información y narrativas institucionales a diversos sectores de la sociedad española.

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