busca tumbar ley de Vermont sobre daños climáticos
La crisis climática no es solo una realidad científica: es también un campo de batalla político y económico. Lo ocurrido en Vermont lo demuestra. Este estado, afectado por desastres naturales cuyo costo se cuenta en miles de millones de dólares, decidió aprobar en 2024 la Ley del Superfondo Climático, una norma pionera que exige a los grandes contaminadores pagar por los daños ocasionados por sus emisiones de carbono.
Pero el esfuerzo local se enfrenta ahora a la maquinaria federal. La administración de Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, ha pedido a un juez federal que declare la ley “inconstitucional e inaplicable”. La narrativa se ha instalado con fuerza: Trump defiende a petroleras y busca revertir políticas que responsabilicen a los principales actores de la crisis climática.
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Un frente legal contra la rendición de cuentas
De acuerdo con The Guardian, la moción presentada por el Departamento de Justicia califica la ley de Vermont como un “experimento ilegal”. En ella se solicita al tribunal detener cualquier intento de aplicar la medida, bajo el argumento de que excede la autoridad estatal. La estrategia legal no es nueva: ya en abril, Trump emitió una orden ejecutiva para frenar este tipo de iniciativas.
Para Vermont, sin embargo, la ley representa una herramienta indispensable de justicia climática. Tras sufrir inundaciones devastadoras con daños superiores a los 1,000 millones de dólares, el estado considera legítimo exigir compensaciones a quienes más han contribuido al calentamiento global.
Este choque revela un dilema central: ¿puede un estado adelantarse a la inacción federal? En la práctica, Vermont y Nueva York se han convertido en laboratorios de políticas climáticas, mientras la Casa Blanca impulsa la narrativa de que Trump defiende a petroleras como parte de su plataforma política.
Vermont, un laboratorio de justicia climática
El impulso de Vermont no surgió de la nada. Detrás de la ley hay décadas de activismo local, liderado por organizaciones como el Grupo de Investigación de Interés Público de Vermont. Para sus defensores, esta medida es una extensión lógica del derecho del estado a proteger a sus ciudadanos.
Paul Burns, uno de los promotores clave, lo resumió con claridad: la ley no busca cambiar la política federal, sino asegurar que las familias, granjas y comunidades no sigan pagando solas las consecuencias de los desastres climáticos. El enfoque, por tanto, es de reparación, no de castigo.
La innovación de Vermont consiste en trasladar la responsabilidad financiera del ciudadano común a los gigantes del petróleo y gas. Este modelo es observado con interés por legisladores de al menos una docena de estados que ya planean presentar proyectos similares en 2026.
Trump defiende a petroleras: un patrón de decisiones
Esta no es una acción aislada. Desde su regreso al poder, Trump ha emprendido una ofensiva sistemática contra regulaciones ambientales. En julio, por ejemplo, su gobierno propuso revertir la “declaración de peligro” de 2009, que reconocía el riesgo de las emisiones para la salud pública bajo la Ley de Aire Limpio.
El patrón es claro: cada medida busca reducir la presión sobre las grandes empresas energéticas, incluso a costa de la salud y seguridad de la población. Para los especialistas en responsabilidad social, esta postura abre un debate sobre la ética de gobernar en función de los intereses de ciertos sectores económicos.
La narrativa de que Trump defiende a petroleras ha dejado de ser una percepción para convertirse en un eje central de su política. Con ello, el mensaje a la ciudadanía es directo: la rentabilidad de los combustibles fósiles está por encima de la justicia climática.
El choque de narrativas: comunidades vs. corporaciones
Mientras la administración federal califica la ley como “ilegal en sí misma”, las comunidades de Vermont la defienden como un derecho legítimo a la protección. Kate Sinding Daly, de la Conservation Law Foundation, lo subrayó: se trata de evitar que las familias y negocios locales carguen con costos que deberían asumir los contaminadores.
Este choque de narrativas refleja una tensión mayor entre comunidades vulnerables y corporaciones multimillonarias. No se trata solo de interpretaciones legales, sino de quién paga la factura del cambio climático.
En este terreno, la defensa de Trump a las petroleras refuerza la percepción de que el poder político federal está alineado con los intereses de la industria fósil, en lugar de con los de la ciudadanía más afectada.
Apoyo ciudadano a la rendición de cuentas climática
A pesar de la ofensiva legal, las encuestas muestran que el 74% de los votantes estadounidenses —incluyendo a la mayoría de republicanos— apoyan que las petroleras paguen por los daños climáticos. Esto explica por qué, a nivel estatal, la popularidad de leyes como la de Vermont sigue creciendo.
Jamie Henn, de Fossil Free Media, sostiene que estas políticas son “sensatas y necesarias” para que ciudades y familias puedan enfrentar los costos del clima extremo. La presión social se ha convertido en un contrapeso frente al lobby corporativo.
Aquí radica una paradoja: mientras la ciudadanía reclama justicia climática, la administración federal insiste en blindar a las petroleras. La brecha entre gobierno y sociedad se profundiza, y la frase Trump defiende a petroleras resume con crudeza esa distancia.
¿Qué está en juego para el futuro?
Más allá del caso legal, lo que está en juego es un modelo de gobernanza climática. Si Vermont gana, abrirá la puerta a un precedente que otros estados podrán replicar. Si pierde, se consolidará la idea de que las corporaciones pueden operar sin asumir costos proporcionales a sus impactos.
En este escenario, la responsabilidad social empresarial no es un concepto abstracto, sino una línea de defensa. Obligar a los contaminadores a pagar no solo es un acto de justicia económica, sino una estrategia de resiliencia social.
Para las empresas que buscan legitimidad en un mundo cada vez más consciente del clima, oponerse a este tipo de leyes es una apuesta de alto riesgo. El costo reputacional puede ser tan elevado como el financiero.
Una batalla que define un modelo de país
La disputa en Vermont es mucho más que un caso judicial: es un reflejo de la tensión entre dos visiones de futuro. Una, en la que las comunidades exigen justicia y protección frente a los impactos climáticos. Otra, en la que Trump defiende a petroleras y prioriza la rentabilidad de los combustibles fósiles.
El desenlace marcará un precedente clave para la política climática en Estados Unidos. Sea cual sea el fallo, lo que está claro es que la conversación sobre la rendición de cuentas climática ya no puede ser ignorada.
Vermont ha encendido una chispa: la pregunta es si el país está dispuesto a dejarla arder o sofocarla bajo la presión de los intereses petroleros.
