acusan al proyecto de destruir ecosistemas y violar derechos mayas
El Tren Maya ante el Tribunal ha sido objeto de una revisión internacional que ha puesto en evidencia los graves impactos ambientales y sociales del proyecto ferroviario en el sureste de México. La sentencia emitida por el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza considera que el proyecto ha cometido ecocidio y etnocidio, afectando tanto a la biodiversidad como a los pueblos mayas.
Durante su inspección a los tramos 5, 6 y 7, los miembros del Tribunal constataron daños irreversibles en ecosistemas clave y alertaron sobre la falta de medidas de protección. La sentencia, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, responsabiliza al Estado mexicano por la violación de derechos fundamentales de la naturaleza y de las comunidades mayas.
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Inspección de los tramos y daños ambientales
Según información de El Financiero, el análisis del caso del Tren Maya ante el Tribunal determinó que hubo impactos a gran escala y de carácter irreversible para el medio ambiente como resultado de la ejecución de este proyecto. Entre las afectaciones constatadas se encuentran la deforestación, la fragmentación del territorio y la pérdida de conectividad ecológica, que comprometen la supervivencia de múltiples especies de flora y fauna.
Los flujos hidrológicos naturales también se vieron alterados, provocando inundaciones en áreas urbanas y agrícolas de Othón P. Blanco y Bacalar. Los manglares y otros ecosistemas acuáticos sufrieron efectos graves debido a la construcción de la infraestructura ferroviaria. En el tramo 5, el uso de maquinaria pesada y la instalación de pilotes de más de 40 metros afectaron sistemas de cuevas y generaron daños irreversibles al subsuelo.
La sentencia destaca que muchos de estos impactos podían haberse previsto desde 2023 por parte de organizaciones comunitarias e investigadores, lo que evidencia negligencia en la planificación del proyecto. Los expertos señalan que la combinación de infraestructura y turismo masivo amplifica los riesgos ambientales en la región.
Asimismo, el Tribunal advirtió que la expansión del proyecto ferroviario se realiza en un contexto de suspensión de derechos y vacíos legales, lo que favorece la violencia institucional y la violación sistemática de los derechos del pueblo maya.
Violación de derechos de los pueblos mayas
Durante la evaluación, el Tren Maya ante el Tribunal mostró serios impactos sobre los derechos humanos y territoriales de las comunidades mayas. La sentencia subraya la ocupación territorial por parte de las Fuerzas Armadas y la expansión de actividades corporativas sin consulta previa ni consentimiento informado.
Se detectaron violaciones a la propiedad y a garantías legales, que incluyen restricciones sobre el uso de la tierra y la interferencia en prácticas culturales y tradicionales de las comunidades locales. Esto constituye un patrón de etnocidio, al afectar directamente la vida social, económica y cultural de los pueblos mayas.
Los líderes comunitarios y organizaciones locales habían advertido sobre estos riesgos desde etapas tempranas del proyecto, pero sus denuncias fueron ignoradas. El Tribunal recalca que el proyecto no solo impacta ambientalmente, sino que erosiona derechos fundamentales de las comunidades indígenas.
La sentencia también señala que los efectos combinados de turismo masivo y obras ferroviarias podrían exacerbar los daños sociales, generando desplazamientos, pérdida de medios de subsistencia y erosión cultural.
El Tren Maya ante el Tribunal ha generado consecuencias ecológicas de gran magnitud. La fragmentación de hábitats, deforestación y alteración de ríos y sistemas de cuevas representan daños irreversibles que afectan la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas de la península de Yucatán.
La sentencia destaca que los efectos acumulativos de estas obras podrían provocar inundaciones y desestabilizar zonas urbanas y agrícolas, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades locales. Los manglares y ecosistemas costeros también enfrentan amenazas graves que comprometen su función de protección natural frente a fenómenos climáticos.
Además, el Tribunal advierte sobre el impacto del proyecto en la cohesión social y cultural de las comunidades mayas, afectando su acceso a recursos naturales, tierras y actividades tradicionales. Estas violaciones generan un clima de inseguridad y privación de derechos, que va más allá del daño ambiental.
El documento enfatiza que la combinación de infraestructura ferroviaria, turismo masivo y falta de regulación ambiental aumenta la urgencia de revisar el proyecto bajo estándares internacionales de derechos humanos y sostenibilidad.
Llamado a la acción y responsabilidad estatal
El Tribunal responsabiliza directamente al Estado mexicano por la violación de los derechos de la naturaleza y de los pueblos mayas, destacando la necesidad de adoptar medidas inmediatas de mitigación y reparación. Se solicita a la administración implementar políticas de protección ambiental, restauración de ecosistemas y respeto a los derechos territoriales.
Se enfatiza la urgencia de garantizar la participación activa de las comunidades mayas en decisiones sobre el territorio y los recursos naturales. Además, se exige transparencia en la supervisión del proyecto y la rendición de cuentas de todas las instituciones involucradas.
El Tribunal también advierte que el Tren Maya, en su forma actual, constituye un precedente de cómo la expansión de infraestructura puede vulnerar derechos colectivos y ecosistemas, por lo que urge un replanteamiento de políticas y protocolos de planeación.
Finalmente, se insta al Estado y a los desarrolladores a priorizar un enfoque integral de responsabilidad social y ambiental que proteja tanto la naturaleza como los derechos de las comunidades afectadas.
Reconocer daños y restaurar justicia
El Tren Maya ante el Tribunal evidencia que los grandes proyectos de infraestructura requieren una supervisión rigurosa y una evaluación integral de impactos sociales y ambientales. La sentencia subraya la importancia de garantizar los derechos de los pueblos mayas y proteger los ecosistemas frente a desarrollos irresponsables.
Es imperativo que el Estado mexicano actúe de manera responsable, implementando medidas de reparación, políticas de prevención y mecanismos de consulta efectiva. Solo así se podrá reconciliar el desarrollo económico con la justicia ambiental y social, y evitar que se repitan daños irreversibles en comunidades y territorios vulnerables.
