Ayuso mueve ficha y acude también al rescate de la Universidad Rey Juan Carlos
La Comunidad de Madrid ha activado un plan de acompañamiento para la Universidad Rey Juan Carlos ante sus tensiones de liquidez, un movimiento que se interpreta como un paso más en la política de rescates universitarios tras el de la Complutense. En este contexto, la administración regional estudia fórmulas de mecanismos de liquidez que permitan estabilizar su día a día sin perder de vista la exigencia de rigor presupuestario.
El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ya mantiene un canal directo con el nuevo rector, Abraham Duarte, para analizar cifras, proyecciones y medidas correctivas. Según fuentes del departamento, existe déficit asociado al crecimiento del gasto de personal en la URJC; la situación no sería tan apremiante como en la Universidad Complutense de Madrid, pero preocupa su evolución si no se actúa a tiempo.
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Qué se sabe del apoyo a la URJC
La Consejería revisa el estado de las cuentas de la URJC y no descarta articular un mecanismo de liquidez, previsiblemente condicionado a un plan económico-financiero verificable. La idea que gana fuerza es replicar la lógica aplicada a otros centros: apoyo eventual, pero supeditado a objetivos y ajustes que encarrilen el presupuesto de la institución.
En esa línea, el Gobierno autonómico se ha comprometido a “estar al lado” del equipo rectoral, si bien la colaboración está ligada a la adopción de medidas de eficiencia. Entre las actuaciones valoradas de forma positiva se encuentran las iniciativas de contención del gasto impulsadas por Duarte, con especial atención a la racionalización de plantillas y procesos.
El espejo de la Complutense
El precedente inmediato es la UCM, que negocia un préstamo de 34,5 millones para afrontar pagos de nóminas y obligaciones con terceros. Este proceso se encuentra avanzado y, como condición para su cierre, la universidad debe remitir un plan de ajuste y saneamiento validado por la Comunidad de Madrid, un requisito que la normativa presupuestaria marca para cualquier inyección pública de este tipo.
En comparación, la Rey Juan Carlos —la más joven de las seis universidades públicas de la región— se halla en una coyuntura menos crítica, aunque con riesgos si el desequilibrio no se corrige. Las fuentes consultadas apuntan como factor determinante un exceso de contrataciones docentes en los últimos años, lo que ha tensionado la masa salarial y exige una revisión fina de necesidades reales frente a disponibilidad presupuestaria.
Así cambiará la financiación universitaria en Madrid
La futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) aspira a ordenar un modelo de financiación con tres patas: una dotación básica para el funcionamiento ordinario, una asignación específica según necesidades concretas de cada campus (como la rehabilitación de edificios) y una tercera ligada a resultados.
Esta última prevé un fondo de 10 millones de euros anuales a repartir entre universidades que acrediten logros en materias como actividad investigadora, transferencia y gestión económica eficiente. Los indicadores que medirán esos resultados se definirán de manera técnica y homogénea para todo el sistema madrileño.
El Ejecutivo regional descarta fijar por ley un porcentaje del PIB para la universidad, optando por una financiación que se determinará caso por caso y se revisará con una perspectiva plurianual. La intención es superar el esquema de transferencias nominativas, que tanto el Gobierno autonómico como los rectores consideran agotado, y sustituirlo por un marco de estabilidad a cinco años sujeto a evaluación.
La LESUC incluye también piezas de gobernanza y calidad: delimitará con precisión el Distrito Único de Prácticas —para que ningún universitario se quede sin plaza—, reforzará la capacidad de cada rector para designar al gerente y simplificará el régimen sancionador. En los borradores más recientes, las infracciones muy graves pueden acarrear multas de hasta 300.000 euros cuando afecten al normal funcionamiento del campus.
Las cifras y el debate de fondo
Las universidades públicas madrileñas arrastran tensiones desde la crisis de 2008, acentuadas por el alza de costes energéticos y la presión salarial. Los rectores sostienen que Madrid se sitúa en la cola en financiación por alumno, en torno a 5.000 euros anuales, y piden un impulso sostenido que permita competir en docencia, investigación y transferencia.
Desde el Gobierno regional se subraya la otra cara: la financiación autonómica a los campus ha venido creciendo, con 47 millones de euros más (aprox. un 4%) el último año, pese a un contexto presupuestario exigente. El mensaje es claro: la Comunidad acompañará a las universidades, pero exigirá responsabilidad, transparencia y resultados medibles.
Próximos pasos en el caso URJC
En las próximas semanas, la Consejería perfilará el proyecto de Presupuestos y continuará el intercambio técnico con la URJC para concretar una posible vía de apoyo. Sobre la mesa está la cuestión clave: cuánto y bajo qué condiciones puede aumentarse la financiación a corto plazo sin desatender la sostenibilidad del sistema universitario madrileño en su conjunto.
Si se cumplen los plazos administrativos habituales, el marco de financiación —incluida la componente por objetivos— empezará a desplegarse de manera progresiva, permitiendo que medidas como el rescate a la Rey Juan Carlos encajen en una estrategia más amplia. La expectativa, compartida por todos los actores, es que la URJC corrija su déficit con ajustes internos y apoyo temporal que no comprometa su solvencia futura.
El movimiento de la Comunidad de Madrid para apoyar a la URJC encadena un patrón: intervenir cuando el déficit aprieta, exigir planes de mejora y anclar la ayuda a resultados tangibles. Con un nuevo modelo de financiación en el horizonte, la clave será equilibrar estabilidad presupuestaria, responsabilidad en el gasto y objetivos medibles, de modo que el sistema público gane músculo sin renunciar al control y a la calidad.
